Con
las manos esposadas, Antonio Castaños Blanco fue trasladado por
Gendarmería a las dependencias del Tribunal Oral en lo Penal de Punta
Arenas. Ayer se inició el juicio en su contra por tráfico de drogas,
porte ilegal de armas y tenencia de municiones, delitos por los que
podría ser penado hasta con 18 años de cárcel.
Barbero
de profesión, el nombre del acusado apareció en otras investigaciones
que llevaba a cabo la Brigada Antinarcóticos de la PDI. En agosto de
2019 hicieron la denuncia al Ministerio Público y se instruyó que
indagasen los hechos.
Durante
tres meses y a través de escuchas telefónicas, la PDI constató al menos
tres viajes a Santiago para supuestamente comprar drogas y trasladarlas
a Magallanes, donde coordinaba su entrega a distintos consumidores.
Según
la acusación fiscal, la sustancia se acopiaba en la barbería y el hogar
del investigado. El 17 de noviembre del 2019 las policías concretaron
una orden de detención y registro despachada por el tribunal.
Encontraron 181 gramos de cocaína, varios de ellos dosificados. Además,
en el baño se escondían dos revólveres, una pistola Browing y 184
cartuchos de distinto calibre.
Para
demostrar estos hechos, el fiscal Manuel Soto sentará en el estrado a
28 testigos, incluyendo al jefe de la Brigada Antinarcóticos en Punta
Arenas, comisario Patricio Flores. También se reproducirán
conversaciones del celular intervenido y sets fotográficos con los
elementos incautados.
El
Ministerio Público solicita una pena de 10 años de cárcel por tráfico
de drogas, cinco años por tenencia ilegal de armas y otros tres años por
posesión de municiones.
La
defensa –representada por Marco Ibacache– intentará que el delito se
recalifique a microtráfico. En su alegato inicial indicó que su
representado no era un importante traficante de la región y tampoco se
dedicaba a la comercialización de armas.