Desde
el 4 de noviembre Javiera Balbontín San Francisco tiene una orden de
detención en su contra para que sea enviada al Complejo Penitenciario de
Punta Arenas. Sin embargo, su defensa interpuso un recurso de amparo
para que la situación sea revertida, por una “amenaza a los derechos a
la libertad y seguridad individual”.
La
joven fue sentenciada por arremeter en estado de ebriedad contra
funcionarios que controlaban el toque de queda en noviembre del 2020.
Durante el proceso, la joven cumplió con arresto domiciliario nocturno y
protagonizó otra evasión militar que tuvo alta repercusión medial.
Un
extracto de la sentencia fue leído el 21 de octubre. El juez Ricardo
Larenas la condenó a 122 días de cárcel efectiva, “considerando los
antecedentes personales de la condenada, la conducta anterior y
posterior de los hechos punibles”, entre otros fundamentos.
El
magistrado decidió no abonar los días que Balbontín San Francisco
cumplió con arresto domiciliario. La defensa fue notificada el 27 de
octubre y se abocó en la redacción de un recurso de nulidad. Sin
embargo, el plazo venció el 4 de noviembre y se ordenó el arresto de la
joven.
Según
el recurso, el tribunal –que ejecutorió la sentencia el mismo día que
fue leída– no respetó los plazos legales para recurrir ante la Corte de
Apelaciones. “De considerar que la sentencia se encuentra notificada el
21 de octubre, deja en estado de indefensión en relación a la
imposibilidad de interponer recursos procesales dentro de los plazos
establecidos”, alegan.