Condenado por cortar mano de su pareja cumplirá la pena en libertad vigilada

Ayer,
el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó al
sujeto de iniciales L.D.E.M. como autor del delito de lesiones graves.
Tendrá que cumplir con 3 años de presidio, pena que fue sustituida por
la libertad vigilada intensiva.

Por
unanimidad, los jueces dieron por acreditados los hechos ocurridos el
22 de noviembre del 2019. En horas de la tarde, el condenado recibió la
llamada de una mujer, lo que causó el enojo de su pareja y el comienzo
de una discusión.

Mientras
peleaban, el condenado comenzó a agredir a la víctima con cachetadas.
Para defenderse, la mujer le lanzó una taza de té que terminó rota.
Fuera de sí, el hombre agarró un trozo del recipiente y propinó severos
cortes en el dedo medio de la víctima.

Las
lesiones de la víctima fueron clínicamente de carácter grave y
comprometieron el tendón de su dedo. Además, constató contusiones en su
zona costal y en su rodilla izquierda.


Entre los testigos que comparecieron en el juicio estuvo la víctima y
su hijo, quien presenció las agresiones. También se sentaron en el
estrado los carabineros que recibieron la denuncia, cuyo testimonio
coincidió con la versión acreditada.

En su acusación, la fiscalía solicitó que el imputado cumpliese una pena de 3 años de cárcel más los costes de la causa.

El
jurado –compuesto por los magistrados José Octavio Flores Vásquez,
Julio Álvarez Toro y Jaime Álvarez Astete– determinó que cumpliría con
la pena solicitada por el Ministerio Público, pero sustituida por
libertad vigilada intensiva.

El
tribunal decidió que el imputado no fuese a la cárcel por no tener
antecedentes penales. Además, los jueces estimaron que los cortes que
propinó en la mano a la víctima fueron la respuesta a una agresión
previa.

“La
naturaleza y móviles del delito dan cuenta de su desarrollo en un
episodio de violencia intrafamiliar recíproco. Se puede concluir que una
intervención individualizada parece eficaz para su respectiva
reinserción social”, dice la sentencia.

Durante
tres años, el condenado será monitoreado por el Centro de Reinserción
Social (CRS) de Gendarmería, quienes tendrán que diseñarle un plan de
intervención. Por ser culpable de un delito de violencia intrafamiliar,
tendrá que cumplir con el alejamiento de la víctima.

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