Tras
casi medio año encarcelado, José Luis Aguilar Ule recuperó ayer su
libertad. El Juzgado de Garantía de Punta Arenas lo condenó por tráfico
ilícito de drogas, pero la pena podrá ser cumplida en libertad.
Mientras espera la sentencia en su contra -que se leerá el próximo
martes-, el acusado cumplirá con arresto domiciliario nocturno y arraigo
regional.
Drogas y vehículos avaluados en 50 millones
El
acusado fue detenido tras una investigación del OS-7 de Carabineros que
se prolongó durante casi ocho meses. Fueron los propios vecinos quienes
denunciaron que “El Toche”, como es apodado, se dedicaba al tráfico de
cocaína y marihuana. Entregaron características de su domicilio: se
situaba cerca de la cárcel y tres perros custodiaban su entrada.
El
OS-7 siguió sus trayectos por la ciudad para realizar entregas e
intervino su teléfono celular. También se analizaron sus bienes en
coordinación con la Jefatura de Lavado de Activos. Tenía cinco vehículos
de alta gama avaluados en 50 millones de pesos, incluyendo un Hammer.
Con
los antecedentes suficientes para imputar cargos, Carabineros arrestó a
“El Toche” el 8 de septiembre del año pasado. Lo interceptaron en la
esquina de Ramón Carnicer con Eusebio Lillo a bordo de un taxi.
También
se allanó su casa. En total, los funcionarios incautaron 110 gramos de
marihuana, 1,4 gramos de cocaína y casi cuatro millones de pesos en
efectivo. También decomisaron una balanza digital, celulares y vehículos
de alta gama.
Recuperó su libertad
Aguilar
Ule ha cumplido con prisión preventiva desde el control de su
detención. Aunque inicialmente estuvo privado de su libertad en el
Complejo Penitenciario de Punta Arenas, debió ser trasladado a Puerto Natales como medida de seguridad.
Las
tratativas entre su defensa y el Ministerio Público permitieron que la
causa concluyese en un juicio abreviado. Ayer, el acusado reconoció su
participación en los hechos y el tribunal lo condenó por el delito de
tráfico ilícito de drogas.
Su
sentencia se conoce el próximo martes. Aunque la Fiscalía solicita una
pena de tres años de cárcel, se allana a que el cumplimiento sea a
través de la libertad vigilada intensiva. Además, piden el pago de una
multa de 40 UTM (casi 2,4 millones de pesos) y el comiso de las especies
incautadas, incluyendo cuatro de los cinco vehículos requisados.
Tras dictarse veredicto condenatorio,
el tribunal revisó la prisión preventiva que pesa sobre el acusado. Por
solicitud de la defensa -y sin oposición del Ministerio Público- se
estableció que cumpla con arresto domiciliario nocturno hasta que quede
ejecutoriada su sentencia.