Con
su abogada a un lado y un funcionario de Gendarmería detrás, José
Vicente Maldonado Pérez escuchó el veredicto del juicio en su contra.
Los jueces decidieron condenarlo por homicidio frustrado en contra de un
sujeto de 32 años.
“A
la decisión de condena se arribó teniendo en consideración la prueba
incorporada por la Fiscalía –testimonial, documental y pericial–, la que
ha sido de la entidad suficiente para establecer la existencia del
delito”, dictó el juez Julio Álvarez Toro.
Los
hechos ocurrieron en una pensión de calle Angamos, donde las
habitaciones de Maldonado Pérez y la víctima eran colindantes. La
convivencia entre ambos estuvo marcada por
los desencuentros. En su declaración ante el tribunal, el condenado
señaló que continuamente escuchaba ruidos molestos desde la otra pieza.
Las
rencillas llegaron a su punto cúlmine el 26 de enero de 2020. A
mediodía, y en estado de ebriedad, el condenado encaró a su compañero de
casa. “Sale a pelear, te voy a llenar de puñaladas”, le dijo. Tras
salir de la habitación, Maldonado Pérez le propinó una puñalada en el
torso.
La lesión le provocó una perforación en el pulmón izquierdo. “La víctima no estaría aquí el día de hoy si no hubiese sido trasladada rápidamente a un servicio asistencial”, dijo el fiscal Sebastián González en su alegato inicial.
El condenado ha cumplido con prisión preventiva desde su detención
aquel día. Su estadía en la cárcel fue interrumpida desde el miércoles
pasado, cuando comenzó el juicio en su contra. La Fiscalía presentó 11
testigos, incluyendo funcionarios de la Brigada de Homicidios (BH) de la
PDI y médicos que trataron a la víctima en la unidad de urgencia del
Hospital Clínico de Magallanes.
Con
su veredicto condenatorio, el tribunal descartó la versión de la
defensa. La abogada Vania Cáceres –y el propio acusado en su testimonio–
reconoció la agresión, pero estas se habrían asestado en legítima
defensa.
La
sentencia en contra de Maldonado Pérez se conocerá este sábado. Como el
condenado prestó declaración ante los jueces, su defensa solicita que
se reconozca la atenuante de colaboración con la justicia.
La
Fiscalía mantuvo su solicitud de pena. Si el tribunal la acoge, el
condenado podría cumplir con una pena de ocho años de cárcel.