Por
los delitos de maltrato de obra a Carabineros, conducción en estado de
ebriedad sin contar con licencia, oponerse al actuar de la autoridad e
infringir la cuarentena, fue formalizado la mañana de ayer un joven de
21 años quien al momento de ser controlado por la policía uniformada
escapó del lugar, iniciándose una persecución por distintas calles de
Punta Arenas.
Según
relató el fiscal Sebastián González, los hechos acontecieron a eso de
las 5.25 horas de ayer, cuando el personal policial que realizaba
patrullajes preventivos se percató que por calle Santa Juana circulaba
un vehículo que era conducido por el imputado Víctor Manuel Chávez
Cuyul, el cual se desplazaba zigzagueante poniendo en peligro la
seguridad en la vía pública.
En
esas circunstancias se le intentó fiscalizar, a lo cual hizo caso omiso
dándose a la fuga, lo que derivó en una persecución que culminó en la
intersección de las calles Zenteno con Rómulo Correa debido a un
desperfecto mecánico del automóvil que el sujeto dirigía. En ese
instante, el imputado descendió del móvil portando en sus manos un
desatornillador con el que golpeó en una de sus manos al cabo primero
Mauricio Vergara Ibáñez.
Tras
aquello, el sujeto volvió al vehículo cerrando todas las puertas y
ventanas con seguros, por lo que Carabineros tuvieron que fracturar la
ventana para lograr su detención. En ese momento constataron que Chávez
Cuyul mantenía signos de ingesta alcohólica previa, oponiéndose a
realizarse el examen de alcotest.
Se
indicó que nunca ha obtenido licencia de conducir y tampoco mantenía
salvoconducto ni permiso temporal que lo facultara para transitar a esa
hora.
No
obstante, el imputado renunció en la audiencia a su derecho a guardar
silencio e indicó que el funcionario policial le habría quebrado el
vidrio con la culata del arma de servicio, y que con los vidrios se
habría herido, para luego revisarlo y sacarle un destornillador desde su
bolsillo, inculpándolo por el hecho.
Debido
a lo anterior, el juez Franco Reyes decretó el arresto domiciliario
nocturno, arraigo regional y la prohibición de acercarse a la víctima,
estableciendo un plazo de 70 días para el cierre de la investigación.