De
acuerdo con los hechos que dio por acreditado el Tercer Juzgado de
Letras de Punta Arenas, la víctima sufrió hacinamiento y torturas tanto
físicas como sicológicas. Estuvo privada de libertad durante 72 días en
la Primera Comisaría de Carabineros y la exCárcel Pública. También fue
hostigada por la vigilancia y persecución de la autoridad en los cuatro
años posteriores a su liberación.
La
sentencia indica que la mujer sufrió “perjuicios evidenciados con
sintomatología coincidente con un trastorno de estrés postraumático,
daño emocional, vulneraciones, torturas, hostigamientos y violencia
física, lo anterior refrendado con el reconocimiento de la Comisión
Nacional sobre Prisión Política y Tortura”.
El
juez de letras Javier Toledo sentenció el pago de 100 millones de
pesos. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) recurrió a la
Corte de Apelaciones para que se revocara el fallo o se rebajara la
indemnización.
El
tribunal de alzada accedió solo a bajar la compensación. La sala
compuesta por los magistrados Caroline Turner, Carmen González y Pablo
Miño fijó en 70 millones el monto de reparación. De todos modos, el CDE
podría recurrir a la Corte Suprema para rebajar aun más la
indemnización.