En
una decisión unánime, las ministras de la Corte de Apelaciones de Punta
Arenas revirtieron la destitución de Rosa Hernández y Francisca García a
la Unión Comunal de Adultos Mayores (UCAM), quienes se desempeñan como
presidenta y tesorera de la organización, respectivamente.
El
máximo tribunal de la región calificó como arbitraria e ilegal la
conducta del directorio de la UCAM, que cesó de sus cargos a las mujeres
por presuntas faltas gravísimas.
La
decisión de expulsarlas se adoptó el 8 de junio, a partir de un informe
de cuentas de la organización. Supuestamente, el documento devela
irregularidades en el manejo de recursos de la UCAM y en la rendición de
los proyectos para los que estaban destinados.
Hernández
y García fueron notificadas de su destitución al día siguiente.
Mientras el caso ganaba repercusión mediática, decidieron llevar el caso
ante la justicia y presentaron un recurso de protección.
El
recurso fue analizado por las ministras María Isabel San Martín y Paola
Oltra, en compañía del fiscal judicial Pablo Miño, quienes decidieron
acoger la acción presentada por las recurrentes.
Según
el tribunal de alzada, los directores “no se sujetaron al procedimiento
establecido en la ley ni en su propio estatuto que legitimara la
decisión de expulsión adoptada, en base a presupuestos fácticos
imprecisos y respecto de los cuales las recurrentes no tuvieron la
oportunidad de hacerse cargo ni de presentar pruebas en su defensa”.