Los hechos imputados dicen relación con que (…) procedió a la contratación, vía trato directo, de un servicio funerario completo, a una empresa del rubro, en cuya sociedad comercial, mantiene participación su hermana y su cuñado”.
“Acudimos a la PDI por
una supuesta negociación incompatible. Doña Elena se encontraba como
alcaldesa subrogante, una persona en situación de calle fallece en 2020,
se encontraba en la morgue, al estar en situación de calle y no tener
familiares directos, y al ser un derecho fundamental de cualquier
persona, se oficia a Dideco y luego al municipio. En la calidad de doña
Elena como alcaldesa subrogante, atendido de que la funeraria que tenía
contratación con la municipalidad el titular había fallecido, se
procedió a tratar de tener los servicios de las otras dos funerarias que
existían. Una, la cual era Proteger, no se interesaron en el servicio,
mientras que Aldana fue la que única que acompañó los valores del
servicio funerario básico, frente a la situación se procedió a contratar
los servicios. Se presenta una denuncia por negociación incompatible,
doña Elena tiene un familiar que es parte de esta sociedad, y al
percatarse que en su calidad de alcaldesa subrogante firmó esta
negociación, se restituyeron los fondos”, afirmó el abogado defensor,
Ramón Ibáñez, quien además precisó que de no haberse efectuada tal
acción, el cuerpo de la persona hubiese permanecido por varios días en
la morgue, ya que al no estar vigente el contrato con la funeraria, se
tendría que haber iniciado un proceso de licitación, lo cual conlleva un
largo y complejo proceso burocrático.
“Cuando
nos vimos enfrentados a la situación, es muy doloroso decidir por el
lado administrativo que atender a un vecino. La persona fallecida no
tenía ninguna red de apoyo, para mí esto fue un tema humanitario, yo
directamente no tuve ninguna decisión sobre el proceso, yo me enteré
posterior a que se había ejecutado. Yo no autoricé a que se hiciera y
finalmente he sido yo la que tiene que asumir esta responsabilidad.
Nosotros atendimos una necesidad concreta, precisa, de una persona
fallecida en la calle. Nosotros desde el punto de vista humano, el área
social del municipio, atendió la situación y dio sepultura digna a la
persona. Entiendo que posteriormente apareció una negociación
incompatible donde yo podría estar involucrada, cosa que me sorprendió
porque sinceramente eso no lo visualizamos. Ante ello, inmediatamente
restituí el monto del servicio funerario, porque consideré que si era
una situación irregular, no correspondía. Encontré que lo correcto era
devolver el monto al municipio, fueron 527 mil pesos”, dijo Elena
Blackwood.