La
Defensoría Penal Pública de Magallanes interpuso seis recursos de
amparo en representación de seis personas que cumplen sus penas y en
contra de la Comisión de Libertad Condicional, porque ésta última
rechazó las peticiones, lo cual consideran que no se ajusta a derecho,
pidiendo que se revoque “la resolución señalada y se ordene conceder la
libertad condicional”, dice cada uno de los escritos.
Al respecto, aún no existe resolución sobre la petición, sin embargo, están los detalles de los reos que la Defensoría Penal Pública busca que sean puestos en libertad condicional.
Los nombres serán omitidos para evitar incurrir en alguna prohibición o vulneración.
Violación a menor de edad y tráfico de drogas
El
primer caso es un sujeto que por el delito de violación a menor de 14
años y tráfico ilícito de drogas, está cumpliendo una pena de 10 años 1
día y 5 años 1 día, respectivamente. Es decir, 15 años de cárcel.
El
escrito precisa que su condena comenzó el 21 de marzo de 2010 y se
contempla que termine el 3 de abril de 2025, pudiendo desde el 24 de
marzo de 2020 acceder a la postulación de libertad condicional.
“Ninguna
de las consideraciones que tuvo en consideración la Comisión para
rechazar, se encuentran contenidas en el D.L 321 razón por la cual, tal
rechazo, resulta arbitrario e ilegal. (…) En efecto, si tratamos de
entender que la Comisión incorpora y exige requisitos que no contempla
la ley. (…) Lo que la Comisión debió efectuar es un análisis o revisión
de antecedentes exclusivamente limitados a lo que el Legislador ha
establecido en el D.L 321. A mayor abundamiento, es preciso que S.S.I.
interprete el texto legal en su integridad; así, como primera cuestión,
es preciso tener en claro que tal como la misma ley dice, el informe de
Gendarmería es un instrumento ‘orientador’. La modificación legal DL 321
por la Ley N°21.124, de fecha 18 de enero de 2019, modifica el
paradigma de este derecho (Libertad Condicional), al ser actualmente
-primero que todo- un medio de prueba en donde la persona condenada ha
demostrado avances en su proceso de reinserción social, lo que en la
especie se cumple, pues el amparado ha realizado múltiples acciones
tendientes a dicha reinserción”, precisa el escrito de la Defensoría.
Caso 2
Otra
persona que la Defensoría busca poner en libertad, cometió el delito de
homicidio simple, condenado a la pena de 10 años 1 día de cárcel.
Inició
su pena el 6 de septiembre de 2016, se contempla que termine el 7 de
octubre de 2026 y desde el 27 de mayo de 2023 está habilitado para
postular a la libertad condicional.
Caso 3
La
otra persona cometió el delito de desacato, amenazas simples contra
personas, lesiones menos graves y violación de morada. Su condena
comenzó el 7 de abril de 2022, terminará el 23 de febrero de 2024 y
desde el 7 de enero de 2023 tiene derecho a postular a la libertad
condicional.
Caso 4
Otra
persona a la cual se busca se le otorgue la libertad condicional,
cometió los delitos de desacato, lesiones menos graves y amenaza en
contexto de violencia intrafamiliar. Su condena inició el 14 de
septiembre de 2020, se espera que finalice el 11 de septiembre de 2024 y
puede postular al beneficio desde el 12 de septiembre de 2022.
Caso 5
En lista sigue una persona que cometió los delitos de amenazas simples contra personas, desacato,
lesiones menos graves y amenaza contra personas y propiedades. La pena
comenzó el 25 de enero de 2022, su término está contemplado para el 31
de octubre de 2024 y puede acceder a la libertad condicional desde el 9
de febrero de 2023.
Caso 6
El último es un sujeto condenado por manejo en estado de ebriedad y robo con violencia. La pena inició el 9 de septiembre
de 2019, debería terminar el 5 de septiembre de 2026 y puede postular a
la libertad condicional desde el 31 de mayo de 2023.
En todos los casos se utilizan los argumentos expuestos en el primer caso.
De
igual forma, se indica que todos los condenados presentan notorios
avances en su reinserción social, detallando acciones diferentes en cada
uno, pero en términos generales similares, ya que estos han finalizado o
realizan estudios, también cuentan con trabajos y se han sometido a
programas de intervención para tratar sus problemáticas personales y
evitar volver a cometer delitos.
Cada uno de los defendidos al momento de la postulación mantenía una calificación de conducta de “muy buena”.