Por
el delito de abuso sexual, en calidad de reiterado, fue formalizado
durante la mañana de ayer un individuo de 43 años, a quien el Ministerio
Público le comunicó que se iniciaba una investigación por realizar este
tipo de actos impropios en perjuicio de su propia hija, en hechos que
se habrían prolongado por aproximadamente cinco años.
Según
los antecedentes que fueron expuestos por el fiscal jefe de Punta
Arenas, Fernando Dobson, los hechos acontecieron en el transcurso del
año 2013, en época en que la víctima, de entonces 7 años de edad, se
encontraba al interior de su domicilio, emplazado en el sector poniente
de la ciudad, su padre e imputado en este caso, identificado por las
iniciales V.M.T.F., aprovechando las circunstancias que la madre de la
menor no estaba en la vivienda, le efectuó tocamientos de significación
sexual.
Luego
de ello, se generaron diversas ocasiones en que se habrían verificado
actos de connotación sexual, donde el imputado perpetró similares
conductas en perjuicio de su propia hija, cuando éste ya se encontraba
separado de la madre de la niña, residiendo en inmuebles distintos.
Fue
así que en el contexto en que la afectada visitaba a su padre se
propiciaron los comportamientos antes referidos, evidenciándose una
ocasión a bordo de un vehículo de la locomoción colectiva que conducía
el sujeto, donde transportó a la menor, como asimismo, otras tantas
situaciones generadas al interior de una vivienda de la familia del
imputado.
Cabe
mencionar que estos actos se prolongaron hasta el mes de febrero de
2018, en la Región de Los Lagos, donde actualmente reside la niña.
Agravante de parentesco
En
este contexto, el persecutor le solicitó al magistrado Juan Villa que
se decretaran las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno,
el arraigo regional y la prohibición de acercarse y tener todo tipo de
contacto con su propia hija, considerando la reiteración del delito,
como también a una eventual circunstancia agravante de parentesco que
perjudicaría al imputado.
Al arresto nocturno en su domicilio se opuso el defensor privado, Luis
Miguel Ojeda, estimándola como muy gravosa y que no era necesario ya
que su representado había comparecido a la audiencia pese a la gravedad
que podría constituir el delito, y a la vez, indicando que la víctima ya
no reside en Magallanes. En tanto, solicitó que se le imponga a su
representado la medida de arraigo nacional en vez de regional, puesto
que el imputado se desempeña como conductor de camiones, debiendo
desplazarse por todo el país debido a sus funciones.
Pese
a lo anterior, el juez de Garantía accedió a lo pedido por el fiscal
Dobson, sólo respecto a la prohibición de salir de la región y a la
restricción de aproximarse a su hija, decretando un plazo de 60 días
para que se sustente la correspondiente investigación formalizada.