Con
el rostro demacrado tras pasar la noche tras las rejas, Luis Hernández
Villarroel y Ninoska Ascencio Gómez acudieron ayer al Juzgado de Garantía de Punta Arenas para escuchar su formalización.
La
pareja fue detenida por incumplimiento de la cuarentena. Aunque la
mujer se negó a la detención, fueron trasladados a la comisaría, donde
Hernández Villarroel habría intentado sobornar a un policía.
Los hechos
Alrededor
de las 23:00 horas del domingo, personal de la Armada patrullaba por
las calles de la ciudad fiscalizando el cumplimiento de la
cuarentena obligatoria. En el sector de Cerro Andino, procedieron a
controlar a un vehículo marca Chery que circulaba por el lugar.
Advertido
por la presencia de la Armada, el auto inició la huida de la autoridad.
Sin embargo, chocó con un poste en la intersección de las calles
Pueblos Unidos y José Martínez de Aldunate.
Cuando
llegó Carabineros al lugar, detectaron que los ocupantes del auto
tenían hálito alcohólico y rostro congestionado. Además, no tenían
salvoconducto para transitar en la vía pública.
Cuando
los policías quisieron inspeccionar a los sujetos, la conductora del
auto -Ninoska Ascencio- habría reaccionado agresivamente. A gritos, se
negó al control de identidad y al examen respiratorio.
Finalmente,
los imputados fueron detenidos y trasladados a la Primera Comisaría de
Punta Arenas. Mientras estaba en el calabozo, Hernández Villarroel
habría sacado 200 mil pesos de su bolsillo y se los ofreció a un cabo
segundo. El carabinero rechazó la suma e incluyó el incidente en el
parte policial.
“El
imputado tenía la finalidad de que omitiera las funciones propias de su
cargo. Quería que lo liberaran y quedara sin efecto el procedimiento de
su detención”, dijo el fiscal Christian Opazo.
Por estos hechos, la fiscalía formalizó a Ascencio
Gómez por conducción en estado de ebriedad y negarse al control
policial. Su pareja, Hernández Villarroel, será investigado por el
delito de soborno. Además, ambos sujetos fueron formalizados por
incumplir la normativa sanitaria.
El
tribunal decidió que los imputados tendrán la prohibición de abandonar
la Región de Magallanes. Esta medida cautelar fue solicitada por el
Ministerio Público y no tuvo la objeción de la defensa.