Una
solicitud de sobreseimiento definitivo de la causa presentó hace
algunos días el abogado Hermes Hein Aedo, hijo del ex asesor jurídico de
la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), Hermes Hein Bozic,
quien junto con Katherine Urtubia Carrasco (ex jefa de Finanzas), Hugo
Bizama Pommiez (ex secretario general) y Gonzalo Pumarino Vargas, (ex
jefe de Planificación), fueron imputados hace tres años como autores de
los presuntos delitos de distracción o desviación de fondos públicos y
fraude de subvenciones (en ese entonces).
Requerimiento
Esta
petición se basa, entre muchos otros fundamentos, para evitar llegar a
la instancia de juicio simplificado donde el Ministerio Público presentó
un requerimiento en el que se dan a conocer una serie de antecedentes
en torno a la contratación que realizó la Cormupa con Chileduc, un
organismo asesor técnico en calidad de proveedor para la ejecución de la
implementación del rediseño y la modificación de los estatutos de dicha
entidad municipal, por un monto que alcanzó los 23 millones 100 mil
pesos.
Dicho
contrato de prestación de servicios fue celebrado el 26 de septiembre
de 2013, entre la entidad municipal y la consultora Redess Ltda.,
consignándose que Chileduc habría recibido dos de tres pagos con fondos
que fueron desembolsados de la cuenta de Subvención Escolar Preferencial
(Sep), hechos que habrían sido perpetrados durante el período
comprendido entre los meses de octubre y diciembre del mismo año.
Argumento del sobreseimiento
Precisamente,
en la audiencia de ayer que se extendió por más de tres horas, el
abogado Hein Aedo planteó una serie de argumentos que, a su
interpretación, los hechos que se describen en el requerimiento en
definitiva no constituirían algún delito y que, si eventualmente lo
hubiese, su padre no tendría responsabilidad en los mismos.
Además,
se hizo referencia a una serie de modificaciones legales que operaron
con posterioridad respecto a la Ley de Subvenciones, que habría
significado que se permitiera justamente que las Asesorías Técnicas
Educativas (Ates) pudieran ser pagadas con fondos de la Ley SEP.
Al
respecto, el abogado Ramón Bórquez, en representación de Pumarino (que
no estuvo presente en la audiencia), Urtubia y Bizama advirtió que en el
requerimiento del Ministerio Público se vislumbran dos eventuales
ilícitos: la malversación de caudales públicos culposa y la aplicación
pública diferente como un delito doloso.
“En
el requerimiento están planteando que estos hechos constituirían dos
delitos, uno culposo y el otro que sería doloso, lo que sería ilógico,
en el sentido de que un comportamiento o una conducta sea con
imprudencia y al mismo tiempo con la intención de producir algún
determinado resultado. Dicen por un lado que sería una malversación
culposa porque la clave de diligencias significó que un tercero haya
sustraído fondos, y en la otra dicen que estos hechos constituirían un
delito de aplicación pública diferente, o sea que dolosamente los fondos
estaban determinados para un determinado fin y se utilizaron para otro
fin, que también es público y no para beneficio propio o privado”,
detalló.
Observación de Contraloría
Cabe
señalar que el 26 de mayo de 2015, la Contraloría Regional de
Magallanes emitió un informe en el que se estableció, en relación con el
referido contrato, que el financiamiento del mismo es improcedente, ya
que fue realizado con fondos Sep, infringiendo lo consignado en el
artículo 1 de la Ley N°20.248 que establece el fin exclusivo al que
deben ser destinados estos fondos.
Sin embargo, Bórquez recalcó que
“la Contraloría lo interpretó de esa forma pero también hay otras de la
Superintendencia de Educación, donde se establece que hay un porcentaje
de los fondos Sep, que es un 10%, que sí se podía ocupar en labores de
administración, en beneficio del propio administrador, que es para la
ejecución de su función, como lo era este contrato que se hizo con
Chileduc para una propuesta de diseño organizacional y la propuesta de
los estatutos”.
El
defensor explicó que cuando fue la formalización se interpretó como que
se trataban de delitos mucho más graves, pero al avanzar en la
investigación, la Fiscalía decidió optar por formular un requerimiento y
no una acusación, porque con la primera opción los imputados sólo
arriesgan penas de suspensión de cargos u oficios públicos, pero no a
presidio como lo sería en una acusación.
Juez resolverá por escrito
Tras
escuchar todas las alegaciones, el magistrado Juan Villa adelantó que
resolverá por escrito, fuera de audiencia, si acoge o rechaza el
sobreseimiento, lo cual le sería comunicado a los correos de cada uno de
los intervinientes en la causa, y se estima que esta respuesta se
podría conocer a mediados de la próxima semana.
En
caso de que se rechace el sobreseimiento de la causa, aún existe la
posibilidad de que las defensas interpongan un recurso de apelación ante
la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Si el máximo tribunal
magallánico ratifica la decisión del juez de Garantía, para el próximo
viernes 30 de octubre está fijada una audiencia en la cual el
magistrado leerá el requerimiento y les preguntará a cada uno de los
imputados si es que admiten responsabilidad o no. En el caso en que
nadie admita (que es lo que se espera), se agendarán dos audiencias:
para preparar juicio, y para la realización del mismo.