La
Fiscalía Local de Punta Arenas tiene una habitación para un solo
propósito: aplicar entrevistas videograbadas. Sus paredes –que
insonorizan lo que sucede al exterior– están pintadas de un blanco
claro. Todo lo que sucede adentro se registra en una cámara periférica
situada a un costado.
“Los
colores son unificados a nivel nacional. Puedes entrar a la Fiscalía de
Arica y el estándar es el mismo”, explica la abogada Alejandra Guevara.
Como jefa de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (UAVT) de la
Fiscalía Regional está encargada de monitorear y ejecutar las
entrevistas videograbadas.
Estas
diligencias comenzaron a aplicarse por ley en Magallanes en octubre de
2019. Consisten en registrar profesionalmente la declaración de menores
que han sido víctimas de delitos sexuales, principalmente. “Se crea una
cultura y una obligación a todas las instituciones de reducir al máximo
las veces en que se consulta o se hace intervenir a un niño”, dice
Guevara.
–Abogada, ¿cuál es el protocolo para realizar una entrevista videograbada?
“Se
llega a un caso y llega a conocimiento de un fiscal, que tiene 24 horas
para evaluar las medidas de protección urgentes y decretar las primeras
diligencias, exista o no persona detenida. Luego el fiscal tendrá que
decidir si la causa requerirá de una entrevista videograbada. Nos deriva
a nuestra unidad para que nosotros activemos la evaluación, es decir,
podamos informarle al fiscal si la víctima está en condiciones de
declarar. Si es así, hacemos la logística de conseguir entrevistador y
activar el equipo”.
–Anteriormente, ¿cómo se desenvolvía la víctima en el proceso?
“Antes
de esta ley las instituciones querían ‘sobreintervenir’ para poder
ayudar. Un niño podía contar en el colegio a la profesora y luego tenía
que contarlo al director. Iban todos a la PDI a denunciar, después iban a
constatar lesiones y les volvían a preguntar: ‘¿Qué pasó? ¿Quién lo
hizo?’. Después se entrevistaba con el fiscal, se hacía una pericia
psicológica… Entonces podían pasar cuatro o cinco instancias en donde
sin ser juzgado el caso el niño ha tenido que repetir la historia”.
–¿Ha habido particularidades en Magallanes?
“Nosotros
tenemos bien abordada la infraestructura en la región, incluso hasta
Williams, pero hay dos realidades que son complejas: como no hay flujo
de ingreso de causas, la entrevistadora podía perder el “training”. Nos
preocupamos como región y decidimos que los entrevistadores de Williams
viniesen una vez al mes para hacer entrevistas reales y no perder su
proceso de formación. Lo mismo hicimos con el entrevistador de
Porvenir”.
“Lo
segundo, esto ha implicado una alta demanda laboral, una carga de
trabajo muy alta que no está contemplada en la modificación legal sobre
aumento de dotaciones. Hubo un tema de recursos financieros para efectos
de estructura, pero hay muchas etapas. Por cada entrevista, lo mínimo
son unas cuatro o cinco horas, porque cada grabación hay que
coordinarla, planificarla, ejecutarla. Eso ha sido supercomplejo, los
entrevistadores no pueden darle una exclusividad como la ley lo
pretende”.
– ¿Cómo ha evaluado la implementación?
“Tenía
el temor de que los niños, niñas y adolescentes no entendiesen el tema
de esta grabación. Eso podía ser un rechazo a intervenir, pero al
contrario. Están superabiertos y se sienten mucho más seguros de estas
restricciones que tiene la grabación y agradecen el contacto visual.
Esto evita lo que había antes, que uno digitaba un computador resumiendo
su relato. Hoy hay contacto visual, permanente y con más confianzas”.
“Es
un sistema seguro y confiable, está superpensado en no vulnerar a las
víctimas, se respetan los derechos y garantías de los niños, niñas y
adolescentes”.