El
Consejo de Defensa del Estado (CDE) demandó a la exdirectora de Obras
Municipales de Puerto Natales, Ana Stumpfoll Almonacid, por
presuntamente malversar caudales públicos cuando se desempeñaba como
inspectora técnica de una licitación pública. Solicitan que restituya
“íntegramente” los casi 71 millones que habría desviado del fisco.
Los
hechos habrían ocurrido durante la normalización del Hogar de Ancianos
Nueva Amanecer. En febrero del 2015, El Gobierno Regional de Magallanes
suscribió un convenio con el municipio de Natales para que el proyecto
viera luz.
La
licitación –cuyo monto de financiamiento ascendía a casi 270 millones
de pesos– fue adjudicada por la empresa Ferretería José Cárcamo Díaz. El
proyecto se debía ejecutar en 144 días y sería inspeccionado por la
exdirectora del DOM, Stumpfoll Almonacid.
Las
irregularidades habrían iniciado el 7 de octubre del 2015. La empresa
contratista le entregó a la demandada el segundo estado de pago y una
factura por casi 65 millones de pesos. Ella habría visado y timbrado los
avances de obra, permitiendo que Ferretería José Cárcamo pudiese
factorizar el pago.
Esa factura jamás había sido aprobada por la parte mandante
del convenio, el GORE. Solo tenía el timbre que estampó la DOM. “La
acusada no informó a la unidad técnica, la Municipalidad de Natales ni
al Gobierno Regional que firmó la copia cedible de la factura”, dice el
CDE.
La demandada habría repetido la estrategia el 16 de diciembre, cuando el pago anterior no estaba concluido. Informó el
estado de pago por las obras ejecutadas en el hogar de ancianos desde
el 7 de octubre. Esta vez era una factura por casi 102 millones de
pesos.
Stumpfoll
Almonacid habría entregado nuevamente la copia cedible con el timbre
del municipio “aún sabiendo que el proceso de autorización de pago y el
anterior no estaban concluidos”. Dos días después habría enviado al GORE los antecedentes necesarios para que la empresa contratista hiciese el cobro.
De
acuerdo a la demanda, las dos facturas fueron generadas a partir de
hechos idénticos. Ambas fueron cedidas a las empresas de factoring
Tanner y Eurocapital para que concretasen el cobro.
El CDE acusa que la exdirectora del DOM
“remite los antecedentes para pago, permitiendo que se pagara por los
mismos servicios dos veces, sabiendo que ello no correspondía porque sus
prestaciones ya estaban cubiertas por la primera factura, pudiendo
posteriormente los particulares obtener los fondos provenientes del
fisco”.
El
monto malversado corresponde a 71.441.224 de pesos. El 5 de enero el
CDE interpuso acciones civiles contra la ex funcionaria pública porque
tendría “la obligación de
indemnizar íntegramente” el perjuicio fiscal. Solicitan que el tribunal
la condene al pago del dinero reajustado a la variación del I. P. C.