Un
total de ocho millones de pesos tendrán que pagar cuatro exdirectivos
de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) que fueron
formalizados por desviar caudales públicos. Todos renunciaron a su
derecho de ir a un juicio oral y accedieron a una salida alternativa.
Los
hechos se remontan a septiembre de 2013. En su rol de secretario
general, Hugo Bizama Pommiez suscribió un contrato de prestación de
servicios con la empresa Chileduc. De acuerdo con sus bases, el objetivo
del convenio era “la implementación del rediseño organizacional y
modificación de los estatutos de la Cormupa”.
Según
el requerimiento de la Fiscalía, la contratación de estas asesorías se
hizo con fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) del
Ministerio de Educación. Por ley, estos dineros se usan para “el
mejoramiento de la calidad de la educación subvencionada del país, a
través de la provisión de recursos a los establecimientos con alumnos en
situación de vulnerabilidad”.
El
contrato se suscribió por un total de 33 millones de pesos. Bizama
contó con la asesoría del exjefe de la División de Planificación Gonzalo
Pumarino Vargas y del antiguo asesor jurídico de la corporación
Humberto Hein Bozic. Ambos también fueron formalizados por desvío de
fondos públicos.
Chileduc
alcanzó a recibir 23.100.000 de pesos, correspondiente a dos cuotas del
convenio. Los pagos fueron visados por la jefa de Finanzas y cuarta
imputada de la causa, Katherine Urtubia Carrasco. “Conocía que dichos
pagos eran relativos a asuntos que no tenían relación alguna con la
educación o finalidad de la subvención otorgada por la Ley SEP”, indica
el Ministerio Público.
De
acuerdo con los antecedentes de la causa, los imputados tampoco se
habrían asegurado que Chileduc cumpliese con las obligaciones del
contrato. Hein Bozic –que después sería secretario general de la
Cormupa– habría elaborado el informe final respecto a la propuesta de
nuevos estatutos, una responsabilidad que correspondía a la empresa
contratada.
Salida alternativa
La
causa se inició por una querella interpuesta en agosto del 2014 por
cuatro concejales de la municipalidad. Posteriormente presentaron
acciones criminales el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la propia
Cormupa, bajo la administración de Segundo Álvarez. Los imputados fueron
formalizados por el Ministerio Público en julio del 2017 y han estado
sin medidas cautelares.
Ayer
el Ministerio Público se allanó a que la causa concluya a través de la
suspensión del procedimiento, pero bajo dos condiciones: el pago de
nueve millones de pesos y la fijación de domicilio por un año.
Tras
la férrea oposición de las partes querellantes, finalmente estableció
que los imputados paguen en total ocho millones a la Corporación
Municipal. Los dineros serán destinados a la Escuela Paul Harris y al
Centro de Educación Integral de Adultos (CEIA). Ambas son entidades que
no reciben ingresos por la Ley SEP.
Los
exdirectivos aceptaron las condiciones. Si cumplen con los requisitos,
en 12 meses más quedarán sobreseídos y sus hojas de antecedentes penales
quedan limpias.