Por
resolución judicial, Delicia Pérez Soto tendrá que pagar 2,2 millones
de pesos a la Asociación de Funcionarios Técnicos Paramédicos. La
expresidenta del organismo se comprometió a cancelar la cifra tras ser
investigada por apropiación indebida.
La
imputada presidió la directiva del gremio entre diciembre del 2015 y
julio de 2018. Al ceder su cargo, la nueva administración hizo un
balance contable y detectó una serie de irregularidades durante su
gestión.
La
auditoría concluyó que Ricardo Villarroel Aguilar –quien fue tesorero
en la presidencia de Pérez Soto durante casi un año– se habría apropiado
de 2,4 millones de pesos. Él habría usado los dineros de la asociación
para una cuenta del celular y compras por internet, entre otros gastos.
Otra
tesorera que integró la directiva es Gladys Leiva Asencio, quien se
habría apropiado de casi 4,4 millones de pesos entre mayo del 2017 y
marzo del 2018. Los pagos que fueron rechazados por la comisión revisora
incluyen pasajes, cuentas de teléfono e incluso una multa de tránsito
de la presidenta de la asociación.
Según
la querella que dio inicio a la causa, la directiva que presidió Pérez
Soto “ha recibido dineros de la asociación, utilizándolos para fines
distintos a los naturales de una asociación gremial, sino para beneficio
propio y sin haberlos devuelto”.
El Juzgado de Garantía de Punta Arenas autorizó una
salida alternativa sólo respecto a la presidenta del gremio. En un
acuerdo con el gremio, se comprometió a pagar cerca de 2,3 millones de
pesos en 20 cuotas.
Situación de otros imputados
Respecto
de los tesoreros, ellos seguirán siendo investigados por apropiación
indebida y el plazo para las indagatorias se amplió en 50 días.
Leiva
Asencio espera el fin de la investigación en el Complejo Penitenciario
de Punta Arenas. Ella cumple prisión preventiva por su presunta
vinculación con “La Confederación”, una supuesta banda criminal que fue
desbaratada en la mayor incautación de drogas en la historia de
Magallanes.