Un
extranjero que fue condenado por tráfico de drogas interpuso un recurso
de amparo para que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas de pie atrás
al decreto que ordena su expulsión.
J.V.S.
ingresó a Chile en marzo de 2013 en calidad de turista. De acuerdo al
recurso, quería reunirse con su pareja y huir de la violencia en su
natal Colombia, pues su padre y su primo fueron asesinados por las
autodefensas.
Tras
radicarse en Magallanes y trabajar en rubros de turismo y construcción,
el recurrente logró obtener un permiso de residencia definitiva en
diciembre de 2014.
De
acuerdo con el recurso, sus problemas se iniciaron tras emplearse en
una pesquera. Ahí conoció a personas que lo involucraron en una
organización dedicada al tráfico de drogas. En septiembre del 2016, él y
otras ocho personas fueron detenidas en una operación de la PDI que
concluyó con la incautación de casi dos kilos de cocaína.
En
julio de 2017, J.V.S. fue condenado a cinco años de cárcel y al pago de
una multa de casi dos millones de pesos. Sin embargo, en octubre del
2018 pudo cumplir el resto de la pena en libertad vigilada por su buena
evolución dentro del recinto penitenciario.
Monitoreado
por una tobillera electrónica, el recurrente volvió a trabajar en el
rubro turístico e incluso se vinculó a una iglesia evangélica. Sin
embargo, en octubre del 2021 se sorprendió con una orden de expulsión en
su contra decretada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública
hace un año y medio.
El recurso solicita que se deje sin efecto el decreto. Sostiene
que J. V. S. “ha mantenido una buena conducta desde que fue sancionado
por el ilícito cometido. Él no representa ningún peligro para la
sociedad, sino que por el contrario, es un aporte a la misma,
desarrollándose de manera plena en todos los ámbitos de su vida”.
La
acción fue ingresada el jueves a la Corte de Apelaciones, que deberá
resolver en última instancia si se acoge la petición del recurrente.