El
Ministerio Público decidió suspender la persecución penal en contra de
un joven de 22 años que habría arrojado piedras a Carabineros durante el
estallido social. Como condición, el imputado tendrá que realizar una
donación y fijar su domicilio durante un año.
Este
fue detenido la madrugada del 7 de marzo del 2020. Esa noche se detuvo a
12 personas en medio de destrozos en diversos puntos de la ciudad,
incluyendo el Terminal de Buses Mina Loreto de Punta Arenas.
En
las cercanías del terminal se arrestó al imputado, quien habría
arrojado objetos contundentes a funcionarios y a una patrulla policial
en la intersección de calle Mejicana con Armando Sanhueza. Según el
requerimiento de la Fiscalía, los elementos eran “potencialmente aptos
para causar lesiones e incluso la muerte”.
En
un comienzo, el Ministerio Público solicitó una condena de 541 días de
cárcel. Sin embargo, el imputado no tiene antecedentes penales y ayer la
Fiscalía se allanó a una salida alternativa. Propuso la suspensión
condicional del procedimiento, pero con tres condiciones: prohibición de
asistir a marchas durante un año, donar 80 mil pesos a las Jornadas
Magallánicas e informar sus cambios de domicilio.
Tras
conversarlo con su abogado, el joven aceptó el acuerdo y la causa en su
contra se suspendió. Como consecuencia, si paga la donación en cuatro
meses y cumple con las otras dos condiciones, el imputado quedará
sobreseído.