A
tres años exactos de los hechos, tres carabineros fueron formalizados
ayer por apremios ilegítimos en contra de dos menores durante el
contexto del estallido social. El Juzgado de Garantía de Punta Arenas
dispuso que queden con arraigo nacional y prohibición de acercamiento a
las víctimas mientras sean investigados.
Los
hechos habrían ocurrido el 20 de octubre de 2019. En horas de la tarde,
dos niños de 12 y 13 años de edad, respectivamente, veían con
curiosidad una protesta que se desarrollaba en la esquina de avenida
Colón con Chiloé, en el centro de la ciudad.
Según
la denuncia, las víctimas fueron abordadas por un teniente de
Carabineros. Les exigieron que fueran al bandejón central de Avenida
Colón, donde debieron arrodillarse con las manos detrás de la cabeza.
Pese
a que no estaban con un adulto responsable, los menores fueron
ingresados al calabozo de un patrullero policial junto con otros
detenidos mayores. Los trasladaron a la Prefectura de Carabineros, donde
habrían continuado los tratos vejatorios.
“Recibieron
un trato indigno en su condición de niños”, dijo el fiscal Felipe
Aguirre en la formalización. “Haciéndolos callar utilizando la frase
‘cállate mierda’ y burlándose de ellos, diciéndoles que ‘estaban
detenidos por huevones’”.
Luego,
un sargento y dos cabos trasladaron a las víctimas al Hospital Clínico
de Magallanes para constatar lesiones. Según las imágenes que constan en
la carpeta investigativa, iban unidos por la muñeca a través de una
esposa. En el recinto asistencial debieron girarse contra la pared con
las manos entrecruzadas en la nuca.
El
periplo concluyó en la madrugada del día siguiente. Tras casi siete
horas, los niños fueron entregados a sus familias. “Como consecuencia de
esta experiencia, los niños desarrollaron miedo agudo, ansiedad y
estrés postraumático”, indicó el fiscal Aguirre.
Los
cuatro funcionarios que participaron del procedimiento fueron
trasladados. Actualmente desempeñan funciones en Santiago, Victoria y
San Gregorio. Ayer, todos se conectaron por vía telemática al tribunal
para ser formalizados por apremios ilegítimos.
Por
solicitud del Ministerio Público, el juzgado ordenó que los
funcionarios queden con la prohibición de abandonar el país mientras
sean investigados. Además, no podrán acercarse o tener contacto con los
menores. El plazo de investigación se fijó en 90 días.