Tuvieron
que pasar casi 18 meses para que el joven de iniciales J.V.B. pudiese
quedar a disposición de la justicia. este lunes, la Fiscalía lo formalizó por
atentado contra la autoridad, un delito que habría cometido durante el
estallido social.
De
acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, el joven
participaba de protestas el 10 de noviembre de 2019 en la Plaza de Armas
Benjamín Muñoz Gamero. Cuando carabineros hicieron labores de
dispersión de la marcha, el imputado les habría lanzado objetos
contundentes.
El
joven tuvo que presentarse en marzo pasado al Juzgado de Garantía de
Punta Arenas para ser formalizado, pero se ausentó. El tribunal despachó
una orden de detención en su contra y se instruyó a las policías para
que lo sentasen en estrados. Finalmente, ayer en la mañana el propio
imputado se presentó voluntariamente al cuartel de la PDI.
Cuando
le comunicaron los cargos, la Fiscalía se abrió a la posibilidad de
suspender el procedimiento en su contra. Para ello, el joven tenía que
comprometerse de donar 50 mil pesos a una organización de beneficencia y
no asistir a protestas durante un año.
Con
los ojos fijos en el juez, el imputado se negó a las condiciones de
suspensión. De este modo, la causa continúa con su tramitación. Para
asegurar su comparecencia el tribunal dispuso que cumpla con arraigo
regional.