Por los delitos de contrabando aduanero e infracción a la
propiedad intelectual, el Ministerio Público formuló cargos en contra de un
hombre de 40 años, quien fue descubierto por la dirección regional de Aduanas
comercializando numerosas prendas de vestir falsificadas, de reconocidas marcas
internacionales, las que previamente se habían querellado contra el mismo
imputado.
Según los antecedentes que fueron detallados por el fiscal
Oliver Rammsy, el hecho aconteció el 10 de julio de este año, cuando
funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas concurrieron a fiscalizar un
inmueble ubicado en Avenida Independencia, donde se emplaza un local comercial
de nombre “Evoluxion Boutique”.
Producto de la misma, se constató que en el lugar se
comercializaban mercancías extranjeras, que corresponden a marcas registradas
falsificadas. Por lo anterior, el personal aduanero le solicitó al imputado
identificado como Víctor Daniel Céspedes Pereira, dueño del local, la
documentación que acreditara la legal internación al país de dichas
mercaderías, a lo que el comerciante exhibió documentos de correos de República
Dominicana, los que no certificarían que las especies fueran ingresadas de
forma legal al territorio nacional, lo que implicaba defraudación a la hacienda
pública mediante el no pago de los impuestos, derechos y gravámenes que
proceden para la importación.
En virtud de ello, se indicó que las mercancías incautadas
falsificadas corresponden a colgantes, aros, gorros, poleras, vestidos,
camisetas de básquetbol, conjuntos de buzos, polerones, zapatillas, sandalias,
de reconocidas marcas como Polo, Nike, Champion, NBA, Adidas, Jordan, Puma,
entre otras, las que según la valoración efectuada por el fiscalizador de
Aduanas asciende a la suma de 30.337,81 dólares, equivalente a casi 25 millones
de pesos chilenos, mientras que los impuestos y derechos dejados de percibir
corresponden a la suma de $6.722.553.
Por lo anterior, el persecutor solicitó que se le imponga la
medida cautelar de arraigo regional en la capital del país, ya que el imputado
se trasladó previamente hacia la ciudad de Santiago, la cual fue decretada por
el magistrado Franco Reyes, estableciendo 120 días de plazo para el cierre de
la investigación.