Este martes el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó al sujeto de
iniciales C.L.A. a 10 años y medio de cárcel por su responsabilidad en
cinco delitos de violencia intrafamiliar (VIF) y de género cometidos
contra su expareja.
De
acuerdo a los antecedentes que se ventilaron durante su juicio, la
pareja se conoció en un albergue y ambos vivieron en situación de calle.
Durante la relación el hombre la sometió a una serie de hechos de
violencia física y verbal.
El
primer delito se perpetró el 21 de septiembre de 2019, cuando
compartían una carpa en una parcela aledaña al Hospital Clínico de
Magallanes. En horas de la tarde el acusado golpeó a la mujer en su
rostro y le propinó un puntapié en la canilla que provocó una fractura
de tibia.
Las
lesiones fueron de carácter grave; la víctima estuvo en recuperación
durante casi tres meses y debió ser trasladada a una casa de acogida en
Puerto Natales.
El
6 de junio de 2020 el individuo agredió nuevamente en la cara y la
cabeza a la víctima. También la arrastró por el suelo y le lanzó una
radio en la frente. La mujer resultó con una serie de contusiones en su
rostro, cráneo y extremidades, todas de carácter leve.
En
esa oportunidad el acusado fue detenido y se le impuso una prohibición
de acercamiento. Sin embargo, casi dos meses después incumplió la medida
y concurrió al Hospital Clínico de Magallanes, donde se encontraba su
expareja. En el sector de la farmacia le propinó golpes de puño y
pellizcos en las piernas.
El
hombre fue nuevamente aprehendido y lo formalizaron por lesiones y
desacato. Se le impusieron una nueva orden de alejamiento y el arresto
parcial en su domicilio, que debía informar. El 18 de septiembre
comunicó a las autoridades la misma dirección que mantenía la víctima.
Carabineros llegó raudamente al lugar y lo encontró incumpliendo nuevamente la prohibición
de acercamiento. Le imputaron nuevamente un delito por quebrantar
órdenes judiciales y fue enviado a prisión preventiva para garantizar la
seguridad a la víctima.
El
juicio se extendió por cinco jornadas. El tribunal analizó el
testimonio de la víctima, carabineros y médicos. También escucharon las
llamadas de emergencia y las imposiciones de medidas cautelares en
controles de detención.
Los
jueces condenaron al imputado a cinco años de cárcel por dos delitos de
desacato y otros cuatro años por fracturar la tibia de la víctima.
Además le impusieron dos penas de 300 días por lesiones menos graves en
contexto VIF.
Para
determinar la pena, los magistrados consideraron la agravante de
reincidencia específica, pues el individuo tiene condenas previas por
delitos de la misma naturaleza. De todos modos se le abonarán los 325
días que lleva en prisión preventiva.