A
casi 27 meses de los hechos, hoy comienza el juicio contra Luciano
Gabriel González en el Tribunal Oral de Punta Arenas. Acusado de
cuasidelito de homicidio, se le presume responsable del volcamiento de
un bote turístico donde fallecieron tres turistas israelíes y otros 15
quedaron lesionados.
El
caso es asumido por el fiscal regional Eugenio Campos, quien intentará
demostrar lo ocurrido el 23 de febrero del 2019 y solicita que se
aplique una condena de 4 años de cárcel.
Hechos
Empleado
de una empresa turística, el imputado conducía un bote a motor Terry
Brian por las aguas del Río Serrano, en la comuna Torres del Paine. Iba
junto a 16 turistas israelíes y dos tripulantes que hacían de guías.
Cuando
eran cerca de las 15:00 horas, el bote chocó contra un obstáculo –la
fiscalía presume un banco de arena– y el conductor salió expulsado del
navío. Mientras seguían funcionando los motores, la embarcación chocó en una orilla pedregosa y la hélice impactó fuera de borda a babor.
El
accidente ocasionó la muerte casi inmediata de dos ciudadanas israelíes
de 70 y 60 años, respectivamente. Días después falleció en el Hospital
Clínico de Magallanes una tercera víctima de 76 años.
Otros
14 pasajeros quedaron con lesiones de carácter grave, la mayoría de
ellos por fracturas en su zona costal. Otro pasajero constató lesiones menos graves consistentes en policontusiones.
La tesis de la fiscalía
En
los 30 días programados para el juicio, el Ministerio Público intentará
demostrar que el accidente se debió al actuar negligente del conductor
de la embarcación.
La
norma establece que el capitán del navío debe tener los cables de
seguridad amarrados a su cuerpo. Sin ellos, el imputado salió eyectado
tras impactar con el banco de arena y dejó el navío a la deriva.
Además, el acusado tampoco tendría títulos de personal marítimo o una licencia que lo habilitara para conducir la embarcación.
Aunque
en el bote iban 19 personas, el reglamento establece que un vehículo de
esas características permite a 18 pasajeros. Además, tenía una
prohibición de zarpe desde el 2018 por observaciones no subsanadas.
Para
probar las presuntas irregularidades, 47 testigos se sentarán en los
estrados por parte del Ministerio Público. El listado incluye a víctimas
de la embarcación, un ingeniero naval y patrones de nave.
También
darán cuenta de sus pericias, médicos legistas y funcionarios de la
Policía de Investigaciones (PDI) que hicieron planos planimétricos y
mecánicos, entre otros.
Además
de usar la prueba de la fiscalía, la defensa del imputado llamó a
declarar al jefe provincial de Conaf, un funcionario de la Dirección
General de Aguas y un perito marítimo.