Hace
pocos días, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) publicó su
cuarto Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile, correspondiente
al año 2018, que busca realizar un diagnóstico del cumplimiento de los
estándares internacionales de derechos humanos en la privación de
libertad.
Para
ello, se monitorearon 36 cárceles del sistema cerrado de Gendarmería en
diez regiones del país, además de levantar estadísticas generales sobre
la situación intrapenitenciaria a nivel nacional. Pese a que el
diagnóstico fue calificado como “brutal” en las otras ciudades, donde se
concluyó que se siguen vulnerando los derechos de los presos y que el
Estado sigue sin acoger las recomendaciones realizadas por el INDH en
los estudios de años anteriores, en Magallanes el panorama es favorable
en cuanto a las condiciones de habitabilidad, hacinamiento e
infraestructura de los recintos penales.
Según
explicó el director regional del organismo, Cristián Figueroa, en el
caso del territorio más austral se levantó información en las tres
cárceles de la región (Complejo Penitenciario de Punta Arenas y los
Centros de Detención Preventiva de Porvenir y Puerto Natales).
“En
general se puede señalar que los recintos presentan buenas condiciones
de infraestructura, sobre todo el de la capital regional que destaca por
sobre los otros dos”, dijo.
Asimismo,
se establecieron algunas observaciones en el complejo fueguino en torno
a que no existiría una red seca y húmeda en caso de eventuales
siniestros, ni tampoco estarían instalados los respectivos extintores en
los pasillos. A su vez, los colchones no serían ignífugos, es decir,
que rechacen la combustión y proteja contra el fuego ante una posible
situación de amotinamiento o disturbios de los internos.
Pese a aquello, Figueroa destacó que las condiciones en general son bastante aceptables en general, con respecto a los penales de otras regiones.
Recomendaciones
Por
otra parte, y como resultado del estudio, informó de una serie de
recomendaciones a mediano y corto plazo, como por ejemplo que se debía
establecer un procedimiento para la aplicación de sanciones en las
cárceles, que contemple una instancia en que se escuche a las personas
antes de decretar un castigo por problemas de conducta.
“El
procedimiento cuando se aplican sanciones lo vemos unilateralmente un
tanto verticalista. Recomendamos que se contemplen instancias en que se
escuche a las personas privadas de libertad antes de ser sancionadas, y
que éstas puedan apelar ante un superior jerárquico que impone estos
castigos. Hemos visto muchas sanciones aplicadas de manera arbitraria y
el interno queda con poca capacidad para poder apelar a ese castigo”,
precisó.
También
se instó a Gendarmería a que se establezca un registro permanente de
incidentes, que hasta el momento no existe, de uso excesivo de la fuerza
por parte de las jefaturas de las unidades penales, donde queden
estipulados todos los detalles de las circunstancias de cada caso.
Aseguró que cuando se denuncia ante el INDH o cuando la Defensoría Penal
Pública debe tomar cartas en los asuntos, muchas veces se ha
evidenciado escasez de información para establecer los contextos en que
se dieron ciertas situaciones que, en algunos casos, podrían ser
constitutivas de delitos.
Subrayó
que se debe trabajar aún más acuciosamente por parte de Gendarmería en
sus procedimientos para evitar ciertas suspicacias de, por ejemplo, que
exista una red de protección entre los mismos funcionarios, con el fin
de soslayar algunas aprensiones respecto a la función
intrapenitenciaria.
“Si
los procedimientos están claros, si los registros de posibles
incidentes que se puedan dar están claros, evidentemente que vamos a
tener mucha más claridad a la hora de entender por qué se dan ciertos
procedimientos dentro de los recintos penales”, sostuvo.
Suicidios no se han esclarecido
Durante
el año 2018 se lamentaron dos fallecimientos por suicidios dentro de la
cárcel de Punta Arenas. En abril de ese año, los gendarmes encontraron
el cuerpo sin signos vitales de Sebastián Alexander Melgarejo Alderete
en la enfermería del complejo penal, estableciendo posteriormente la
Brigada de Homicidios de la PDI que en el deceso del joven de 19 años no
hubo intervención de terceras personas.
Seis
meses después, otro joven, Yerko Vera Muñoz también atentó contra su
vida en el mismo lugar del primer caso, donde el peritaje de rigor
confirmó que la causa de muerte fue debido a una asfixia por
ahorcamiento, especificándose preliminarmente que el cordón del polerón
del interno habría sido el elemento que ocasionó la mortal lesión.
Al
respecto, Figueroa advirtió que en ambos casos “todavía estamos
pidiendo que se establezcan las responsabilidades”, habiendo ya
presentado querellas, respecto a Melgarejo, por uso excesivo de la
fuerza en su contra y después de su muerte, al ser éste un paciente
psiquiátrico.
“Estas
son situaciones que nos parecen graves, que nosotros estamos exigiendo a
la autoridad regional que se esclarezca y que los sumarios respectivos
avancen, porque aún no culminan y no tenemos claridad qué fue lo que
ocurrió con Sebastián Melgarejo, porque él estaba bajo la tutela de
funcionarios de turno y por tanto, el ya haber tenido antecedentes
psiquiátricos debía habérsele tenido un especial cuidado y no haberlo
dejado expuesto ante una posible acción suicida que él ya había
presentado en anteriores ocasiones”, reafirmó.
En
torno al caso de Yerko Vera, acotó que “también estamos esperando los
resultados sumarios y hemos presentado las acciones judiciales
respectivas. Los procedimientos son fundamentales para poder esclarecer
ciertas situaciones y por eso que las recomendaciones del INDH son a
mejorar los procedimientos y los que ya están establecidos hay que
respetarlos”.
Explicó
que en la mayoría de estos casos los pacientes están bajo tratamientos
psiquiátricos y psicológicos, por lo que se deberían extremar las
medidas con los internos que presentan este perfil, factor en el cual
han recaído las principales observaciones de los procedimientos para
resguardar la seguridad de la población penal.
“Para
Gendarmería debería ser una permanente preocupación el tratar que las
personas en general tengan a su mano la menor cantidad de elementos para
atentar contra su vida, pero lamentablemente a veces hasta con un
polerón se puede dar esa situación”, sentenció.