Interceptaciones
telefónicas y transcripción de conversaciones fueron los métodos
investigativos empleados por la Policía de Investigaciones (PDI) para
realizar una importante incautación de pastillas de éxtasis, las cuales
pretendían ser comercializadas y distribuidas en Magallanes por medio de
una encomienda enviada desde la capital del país.
Respecto
de los hechos, el fiscal Manuel Soto relató en la audiencia de
formalización que el Ministerio Público había tenido conocimiento que la
imputada identificada como Josseline Aylin
Rocamora Figueroa estaría dedicada al tráfico de drogas en Punta
Arenas, logrando recabar antecedentes suficientes que permitían
vincularla en este ilícito, quien coordinaba el traslado de las
sustancias antes mencionadas desde la Región Metropolitana hasta el
territorio más austral del país utilizando para ello el envío de
encomiendas a nombre de terceras personas, las cuales contenían en su
interior las referidas pastillas.
Durante
la semana del 28 de septiembre, se determinó mediante técnicas
investigativas que la imputada le esperaba un envío con droga para su
posterior distribución en la capital regional, valiéndose para ello de
la identidad de una amiga, quien sería la encargada de retirar la
encomienda.
Fue así que el viernes 2 de octubre, los canes detectores de droga de la Brigada Antinarcóticos
(Brianco) de la PDI lograron interceptar un paquete en la sucursal de
Chilexpress de Avenida España a nombre de una mujer de iniciales M.T.N.,
quien debía ir por la encomienda para entregársela a la destinataria
final, con la cual había coordinado previamente.
De esta forma se solicitó la autorización judicial para abrir la remesa
que en su interior mantenía una chaqueta y dos guantes con 232
comprimidos de MDMA, sustancia coloquialmente conocida como éxtasis,
cuyo avalúo en el comercio ilícito local es de aproximadamente seis
millones de pesos.
Tras
lo anterior, los policías llegaron el martes hasta el frontis del
domicilio de Rocamora Figueroa, donde fue detenida a eso de las 10,30
horas, tras una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantía de
Punta Arenas.
Interceptación telefónica
Por estos hechos, el persecutor solicitó el encarcelamiento de la joven, estimando que su libertad constituye
un peligro para la seguridad de la sociedad y fundamentando para ello
con una serie de antecedentes investigativos que efectuó el personal de
la Brianco, en los cuales se detallaba el modus operandi de la mujer
para perpetrar las acciones de tráfico.
Entre
las acciones realizadas, se dio cuenta de dos interceptaciones que se
ejecutaron al celular de la imputada, encontrando dos llamadas
telefónicas de interés, específicamente a su pololo, a quien le
manifestaba que recibiría una encomienda y que cambiaría su número telefónico; y otra en la cual se comunicaba con un amigo contándole que el encargo ya se había enviado.
También le “pincharon” otro teléfono, en el cual se obtuvo como información los detalles de la encomienda en cuestión.
“Me sapearon a la PDI”
Se
dio a conocer también la declaración de la amiga que debía ir a buscar
el paquete, quien relató que la imputada le había solicitado su
información personal para que le llegase la encomienda, a lo que ella
accedió. Sin embargo, dijo que el martes 29 de septiembre Josseline la
contactó para advertirle que no debía ir a buscar el encargo, porque una
tercera persona le habría avisado que “la cacharon y que la habían
sapeado a la PDI”, por lo que debía borrar todas las conversaciones que
tuvieron por celular.
Otro
dato clave para dilucidar este delito fueron las transcripciones de
conversaciones entre Rocamora y un desconocido –hasta ahora-, en las que
se aludía a la llegada de la encomienda, al cambio de teléfono por
parte de la mujer. Además de otro diálogo con su pololo, al cual le
advertía que la “habían pillado”, aseverando que había perdido cerca de
un millón 500 mil pesos, y que su ganancia habría sido cercana a los 9
millones de pesos.
“Con
los antecedentes expuestos se deduce que este no es el primer envío que
ella recibe de este tipo de sustancias ilícitas”, acotó Soto.
Antecedentes penales
En
este caso, el fiscal aseguró que la imputada registra antecedentes
penales, habiendo sido condenada por los delitos de lesiones graves y
menos graves, en 2016 y 2018 respectivamente, manteniendo en la
actualidad tres procesos pendientes, dos de ellos por infringir el toque
de queda y uno en Santiago por el uso de placa patente falsificada.
Pese
a la oposición del defensor particular Marcos Ibacache, quien intentó
deslindar la responsabilidad a la amiga de su representada, el juez Juan
Villa accedió a lo pedido por el Ministerio Público y ordenó dejar tras
las rejas a Josseline Rocamora Figueroa, decretando un plazo de 60 días
para el cierre de la investigación.