El
fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos Lucero, está bajo la
lupa. Su par de Atacama, Alexis Rogar, lo investiga por los apremios
ilegítimos y abusos contra particulares que habría perpetrado en contra
de dos funcionarias del Ministerio Público.
Los
hechos –develados a la opinión pública por el Canal La Red– se
encuadran en la investigación en contra del fiscal regional de Rancagua,
Emiliano Arias, quien fue acusado de obtener información de una causa
de tráfico de drogas en que estaba involucrado un familiar.
El
persecutor Campos lideró las indagatorias en su contra. Parte de las
diligencias era entrevistarse con funcionarios del Ministerio Público.
Según la querella en su contra –interpuesta en un Juzgado de Garantía de
Rancagua–, dos mujeres citadas como testigo sufrieron malos tratos y
apremios.
Una
abogada de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región de O’Higgins
testificó el 3 de mayo de 2019. “En su primera pregunta el señor Campos
me consulta acerca de con quién mantengo una relación sentimental
dentro del Ministerio Público”, dice la querella.
La
denunciante declaró durante ocho horas. La habrían presionado para que
revelase si tenía un vínculo amoroso cono el persecutor Arias. Además
habría sido presionada indebidamente de entregar su celular y exhibir
los mensajes de WhatsApp.
Durante
el interrogatorio, la abogada dice que “lloré porque me sentí humillada
como persona, como mujer y como profesional, por las preguntas, tono y
presiones en que incurrió el fiscal Campos”.
El
mismo día la secretaria del fiscal Arias prestó declaración ante
funcionarios policiales durante cinco horas. Cuando el fiscal Campos
leyó su testimonio “habría comenzado a gritarle, preguntándole en qué
momento el fiscal Arias la había llamado para recibir instrucciones”.
La
mujer se sintió violentada y habría sido amenazada con que le leerían
sus derechos por mentir. Después, Campos habría dicho que la declaración
de la otra víctima la inculpaba. En su testimonio ante el fiscal –que
se extendió por siete horas– también fue presionada y la amenazaron con
incautarle la computadora.
Según
la querella, la secretaria sufrió crisis de pánico, fue diagnosticada
con depresión aguda y tuvo que pedir una licencia de tres meses.
Los
hechos llegaron a oídos del fiscal nacional, Jorge Abbott. Sin embargo,
el 2 de octubre de 2019 comunicó que iba a desestimar la denuncia.
Según su resolución, las acciones no eran constitutivas de delito y
tampoco merecían una sanción administrativa.
La
querella fue interpuesta por la Asociación Nacional de Funcionarios de
la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Aunque el tribunal la
archivó en marzo de 2020, La Red informa que el fiscal regional de
Atacama, Alexis Rogat, sigue con el curso de las indagatorias en contra
de Campos.