De acuerdo con la
querella que da inicio a la causa, el imputado se encargaba de ventas en
terreno de recarga electrónica, pero la empresa lo despidió a mediados
del 2017 porque los clientes que tenía a su cargo mantenían sus facturas
sin pagar.
Tras
ser desvinculado, el supervisor le preguntó sobre el estado de cobranza
de sus usuarios. El imputado habría respondido que últimamente no cobró
facturas y que el listado de los clientes pendientes se encontraba en
el sistema.
Sin
embargo, al día siguiente la empresa se percató de que varios clientes
sí habían cancelado sus facturas. Tomaron contacto con el imputado,
quien reconoció tener en su poder dos cheques por 350 mil pesos.
Tres
meses después del despido, el empleador obtuvo una nómina completa de
clientes deudores a través de una auditoría. La lista revelaba una
contradicción: los usuarios que el imputado reconoció como “pendientes”
sí habían pagado.
Según los antecedentes de la investigación, los montos defraudados ascienden a 1.700.000 pesos.
El
hombre se conectó ayer al Juzgado de Garantía de Punta Arenas, donde el
Ministerio Público le formuló cargos por el delito de apropiación
indebida.
“El
imputado, de manera dolosa, no reintegró dichos dineros, aprovechándose
de sus funciones, constituyendo así el ánimo de apropiarse indebidamente
del dinero producto de la venta de recargas electrónicas por cuenta de
su empleadora”, señaló la fiscal Wendoline Acuña.
La Fiscalía no solicitó medidas cautelares. El plazo de investigación se fijó en 90 días.