En 100 millones de pesos será indemnizado
un soldador de 62 años que fue torturado por agentes del Estado tras
ser detenido una marcha contra del Régimen Militar. La justicia civil
dio por acreditado los traumas que sufrió durante sus períodos de
reclusión en la Primera Comisaría y en la antigua Cárcel Militar, en
Punta Arenas.
El
demandante tenía 23 años cuando fue arrestado. El 27 de marzo de 1984
iba rumbo a jugar pool, pero el centro de Punta Arenas era un hervidero
por las protestas en contra del régimen. En calle Bories se mezcló con
gente que huía de una patrulla militar y lo detuvieron en la esquina de
Croacia con Chiloé.
Según la sentencia, los militares lo subieron a un camión y lo agredieron
con patadas y culatazos durante 10 minutos. Luego lo entregaron a
Carabineros en un puente de Río de las Minas, donde continuaron los
golpes de pie y puño.
La
víctima llegó a la Primera Comisaría ensangrentado. Ya en los
calabozos, los funcionarios lo dispusieron arrodillado y con las manos
en la nuca para seguir con las agresiones. Al día siguiente lo
trasladaron a la antigua cárcel pública, en Waldo Seguel, donde estuvo
hacinado en una celda durante 22 días.
Aunque
recuperó su libertad, el demandante quedó con firma mensual durante
ocho años por disposición de la Fiscalía Militar. Su empleador supo del
arresto y perdió su trabajo como ayudante de soldador.
En
marzo de 2020, la víctima interpuso una demanda por indemnización de
daños y perjuicios. Tras analizar la prueba incorporada, el Primer
Juzgado de Letras de Punta Arenas dio por acreditado la existencia de
las torturas y fijó en 100 millones el pago.
“(Hay)
efectividad que el demandante sufrió maltratos y abusos por parte de
agentes del Estado de Chile o personas al servicio de éste. Hechos que
configuran el maltrato, época y circunstancias en que se cometieron”,
dice la sentencia redactada por el juez Claudio Neculmán.
El abogado patrocinante, Juan
José Arcos, dijo que como estudio jurídico están “conformes con la
sentencia que ha determinado el tribunal. Creemos que este fallo ha sido
coherente con las circunstancias de una persona que ha sido privada de
su libertad”.
Ahora,
la sentencia aún no está ejecutoriada y el Consejo de Defensa del
Estado podría recurrir ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para
rebajar la indemnización o anular el fallo.