En
una maratónica audiencia, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas
formalizó a los 18 detenidos que dejó la “Operación Confederación”, el
procedimiento de la PDI ejecutado el jueves pasado en Santiago y
Magallanes que concluyó con la incautación de sustancia ilícita avaluada
en casi dos millones de dólares.
El
tribunal ordenó que el líder de la banda fuese enviado a la cárcel. A
otro miembro se le impuso el arresto domiciliario nocturno. En cuanto a
los otros 16 imputados, hasta el cierre de esta edición se discutía la
prisión preventiva.
Enigmático líder
De
acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la banda está
liderada por un ciudadano extranjero que fue expulsado en febrero del
2014 del país por violar a una menor de 14 años en Colombia.
El
individuo volvió a ingresar al territorio nacional con un pasaporte
boliviano con la identidad falsa. A través del cruce de información, la
PDI identificó que se dedicaba al tráfico de drogas en Chile junto a
otras dos personas desde el 2017.
Según
el fiscal Manuel Soto, el trío lideró una banda que “se ha dedicado a
la fabricación, tenencia, venta, guarda, cultivo y acopio de drogas,
particularmente de cocaína, marihuana y éxtasis”.
La
organización contaba con dos laboratorios clandestinos para
manufacturar el éxtasis. Uno de ellos se ubicaba en el sector Villa
Generosa, mientras que el otro estaba en Santiago. Ingresaban sustancias
químicas que sirven para fabricar la droga a través de “Cono Sur”, una
empresa de transportes donde el líder figura como socio.
Los
imputados también se dedicaban a abultar cocaína añadiendo otros
componentes. En cuanto a la marihuana, ingresaban a la región cannabis
tipo kreepy o se distribuía la cosecha cultivada en Punta Arenas.
En
el allanamiento de 22 domicilios el jueves pasado la PDI incautó casi
14.000 comprimidos de éxtasis, 46 kilos de marihuana a granel, seis
kilos de cocaína y más de 100 plantas del género cannabis sativa.
Armas para “brindarse protección”
No
solo se encontraron drogas en las viviendas. Los funcionarios
decomisaron cuatro pistolas calibre 9 milímetros y un revólver calibre
38. También se descubrieron 240 cartuchos sin percutar, un chaleco
antibalas y una bengala.
El
fiscal Soto indicó que “con el objeto de brindarse protección, la
agrupación adquirió diversas armas de fuego, estando algunas inscritas.
Mantenían casas de seguridad, circuitos cerrados de cámara de vigilancia
y acopio de sustancias ilícitas”.
Por
ello el Ministerio Público formalizó a cuatro imputados –incluyendo al
líder de la banda– por tenencia ilegal de armas. A un quinto individuo
le formularon cargo por porte de municiones.
Empresas pantalla
Según
la Fiscalía, 10 miembros de la organización se dedicaron a lavar el
dinero ganado a través del tráfico de drogas. “Realizaron una serie de
operaciones que les permitieron desvincular de forma progresiva el
dinero desde su fuente ilícita, logrando introducirlo al sistema
económico-financiero”, precisó el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando
Dobson.
Uno
de ellos compró ocho vehículos en 108 millones de pesos con dinero en
efectivo. Otro utilizaba como testaferro a su pareja para blanquear el
dinero en automóviles.
Por
otra parte, el líder de la banda habría conformado empresas de pantalla
para incorporar el dinero ilícito. Una de ellas fue una empresa de
transportes que constituyó junto a su pareja. Solo entre julio y agosto
invirtió 60 millones de pesos para comprar dos camiones con
semirremolque.
El
domicilio de esa sociedad se ubicaba en la calle Covadonga de Punta
Arenas. En el allanamiento la PDI encontró dos sistemas de cultivo tipo
indoor con cerca de 70 plantas de cannabis.
Según
el fiscal Dobson, “estos hechos configuran conductas típicas del lavado
de activos, como son la utilización de testaferros y empresas de
pantalla”.