Hace
unos días se dio a conocer que la Fiscalía Regional de Valparaíso
decidió no perseverar en la investigación contra 34 personas -la mayoría
de ellas vinculadas al mundo de la política- en el caso SQM. Esto,
debido a que muchos de los involucrados en la causa no fueron
formalizadas luego que desde el Servicio de Impuestos Internos (SII) no
presentara querella por los presuntos delitos tributarios para el
financiamiento irregular de campañas políticas.
Estos
casos comenzaron a salir a la luz pública en el año 2014. Básicamente
este episodio legal, involucró a las millonarias empresas SQM y Penta,
quienes cometieron delitos tributarios e incluso financiaron campañas de
diversos partidos políticos y presidenciables, de manera transversal.
Carlos
Gajardo fue fiscal de este caso hasta el 2018, y según sus propias
palabras fue sacado del caso. El destacado abogado fue entrevistado en
la última edición del Programa Barómetro de Pingüino Multimedia (que se retransmite hoy a las 14.00 y 22 horas), donde narró detalles de los bullados casos.
– ¿Qué opinión le merece que la Fiscalía de Valparaíso decidió no perseverar en el caso SQM?
“Yo
creo que es una crónica de una muerte anunciada, porque cuando este
caso se destapa el año 2015, se comenzaron a descubrir muchas cosas que
causaron hondo impacto en la opinión pública y que básicamente decía que
en el maridaje existente entre la política en una parte y las empresas
que financiaban de manera bastante transversal a las candidaturas que se
presentaban al Parlamento y también presidencial y cuando esa situación
se descubren comenzaron a existir presiones de distintos tipos,
básicamente a las altas autoridades, tanto del Servicio de Impuesto
Internos (SII), como el Ministerio Público, que desembocaron que fueran
cambiadas estas autoridades, primero en el SII, a mediados del año 2015 y
luego a fines del 2015 se nombra al nuevo fiscal nacional (Jorge Abbott
Charme, designado por la Presidenta Michelle Bachelet) que cuando asume
adquiere un compromiso, yo diría bastante público, bastante
desvergonzado que estas investigaciones iban a tener menos intensidad
que las que habían tenido hasta entonces”.
– ¿Por qué cree ello?
“Hay
que recordar que la elección la hizo el Senado casi por unanimidad y
por lo tanto era después de esos fenómenos bastante predecible y
esperado que la causa iba a tener una lenta agonía, lo que finalmente ha
ocurrido y donde las condenas han sido la excepción y la impunidad la
regla general. Lo que ha pasado esta semana es que se ha conocido esta
decisión, que se adoptó hace un mes y solo se viene a conocer ahora y
es un paso más a la impunidad que se les ha dado a todos estos casos muy
opaco, en que las grandes empresas, en este caso SQM, pero no solo ella
financiaron a buena parte de la clase política de nuestro país”.
– ¿Cómo surgen las primeras aristas?
“Fue
todo muy casual, nosotros desde el año 2010 estábamos prácticamente
investigando casos de corrupción y entonces sucesivamente descubrimos
casos de corrupción en la Armada como lo que se conoció como ‘Caso
Fragatas’, luego casos de corrupción en la Junaeb y el año 2013 un caso
grande, importante, un caso que se conoció en el Servicio de Impuesto
Internos, en donde distintos contadores se pusieron de acuerdos con
funcionarios del Servicio y contribuyentes para obtener devoluciones de
impuestos y en el marco de esa investigaciones de una manera casual,
aparece involucrado un alto ejecutivo de Penta, el gerente general de
nombre Hugo Bravo y en las revisión que hicimos de sus computadoras con
autorización judicial, investigando el caso fraude al FUT, encontramos
el primer correo, el famoso correo, para el pago del ‘raspado de la
olla” de Iván Moreira, que pedía plata para el financiamiento de su
campaña y en donde acompañaba de vuelta las boletas ideológicamente
falsas para justificar esos ingresos y por lo tanto ahí nace la arista
Penta del financiamiento político que partió con un caso chiquitito,
pero que a medida que seguíamos investigando cada vez se iba ampliando.
Descubrimos que no sólo era Iván Moreira, sino que otra serie de
importantes personeros, básicamente de la centro derecha y en ese
momento incluyendo a los candidatos presidenciales, en esa primera parte
fue involucrado Laurence Golborne, pero luego aparece que no sólo Penta
está involucrado en estos hechos y aparecen otras empresas, la más
importantes es SQM, pero no sólo ella, aparece Corpesca, aparecen
antecedentes de otras empresas como por ejemplo del grupo Angelini,
Celulosa Arauco, Aguas Andina, Ripley, etc. y el financiamiento no sólo
era a personeros de la centro derecha, sino que de todo el abanico
relevante de ese momento, de los partidos de la UDI, de RN, de la DC,
del PRO, los socialistas, el PPD. El asunto se hizo transversal en la
política”.
– ¿Cuando aparece por primera vez el nombre de Rodrigo Peñailillo, exministro del Interior de Michelle Bachelet?
“El
nombre de Rodrigo Peñailillo comienza aparecer a mediados de 2015,
cuando ya efectuamos la incautación de la empresa SQM y comienzan a
aparecer distintas facturas ideológicamente falsas y una de las que
aparece con montos relevantes de dineros, $ 250 millones
aproximadamente, es una empresa denominada AIN, cuyo representante legal
era Giorgio Martelli, pero al momento de efectuar las indagaciones de
esa empresa, los antecedentes comienzan a dar cuenta que era para el
financiamiento de la precampaña de la ex Presidenta Michelle Bachelet y
en donde un rol muy central lo tenía Rodrigo Peñailillo, de acuerdo con
las declaraciones que fueron entregando los propios imputados y que
daban cuenta de la relevancia que tenía el señor Peñailillo”.
– En ese tiempo Peñailillo aún era ministro del Interior…
“Claro,
en ese momento estamos hablando de que la Presidenta era Michelle
Bachelet y el ministro del Interior era Rodrigo Peñailillo y por
supuesto eso complejizaba completamente la investigación, porque
paralelamente nosotros no lo sabíamos en ese momento se comenzó a saber
después, el señor Peñailillo de acuerdo a las declaraciones de testigos
comenzó a hacer presiones para que esta materia no avanzara y de qué
manera realizaba las presiones, según lo que declararon Michelle Jorrat
el director del SII y Andrea Palma, la jefa de gabinete del
Ministerio de Hacienda. Era básicamente presionando al SII para que no
se hicieran las denuncias, para que no se presentaran nuevas diligencias
por parte del SII, con una frase que tanto, Michelle Jorrat como Andrea
Palma recuerdan, diciendo que fueran desde el SII a SQM en camiones a
llevarse la contabilidad con el objeto de que la Fiscalía no tuviera
acceso a ella. Todo esto lo vinimos a saber mucho después, era lo que se
sabía cuándo estábamos empezando esta investigación y daba cuenta según
estos testimonios el interés que tenía el ministro del Interior de la
época que esta investigación no avanzara”.
– Estamos hablando de hechos que ocurren hace seis años. ¿Cómo en seis años se mantienen, habiendo incluso otro gobierno?
“Es
así y por eso decimos que es un acuerdo transversal, acá no hay una
parte del abanico político que estuviera interesado en que esta causa se
terminara, sino más bien que era del abanico en su conjunto y eso hizo
de alguna manera que fuera más fácil para la clase política ponerle fin a
esta causa y eso lo hicieron de dos maneras, descabezando al SII y esto
es interesante porque el delito tributario tiene una particularidad que
no la tiene los demás delitos que sólo si el SII denuncia los hechos
estos se pueden investigar, al contrario si no se denuncia la Fiscalía
queda de manos atadas, entonces esa fue la primera llave que utilizaron
para cerrar esta causa y la segunda pata fue intervenir en el Ministerio
Público nombrando un fiscal, que ojo, públicamente en audiencias
públicas se comprometió de que estas causas no iban a avanzar y además,
lo supimos también después, tuvo reuniones privadas que fueron conocidas
en donde también intento ponerle impunidad a estos hechos”.
–
Usted ¿recibió presiones al interior del Ministerio Público para no
seguir perseverando en una investigación que venía haciendo mucha
noticia a nivel nacional?
“Yo directamente no recibí presiones, lo que se hacía conmigo y mi equipo era distinto.
Se nos apartaba de las causas, nosotros no teníamos niveles de mandos
importantes en el ministerio que lo tiene el fiscal nacional. Nosotros
estábamos en un tercer nivel de jerarquía, que era ser fiscales
adjuntos, que era lo que llevábamos las causas, entonces lo que se hizo
en tres oportunidades, fue quitarnos las causas, designar las causas y
nombrar a otro fiscal, eso motivó sucesivamente dos renuncias de nuestra
parte el año 2015, que generaron mucho revuelo mediático y provocaron
que la Fiscalía revirtiera las decisiones, pero que finalmente se
concreta cuando asume Jorge Abbott, donde inmediatamente asumido como
fiscal naciovwnal nos saca del caso SQM, en noviembre de 2015 y nombra
un nuevo equipo investigados, entonces, no hubo presiones sobre nuestro
equipo investigador, sino que lo que se hizo fue apartarnos de nuestros
cargos”.
– En Chile esto será solo la punta del iceberg. ¿Habrá mucha más corrupción y mayor impunidad?
“Yo
creo que sí, y creo que eso sucedió los primeros años de nuestra
democracia, donde en general no hubo tantas investigaciones y hubo mucha
laxitud en muchos ámbitos, pero yo diría que desde el año 2010 en
adelante, lo que hemos visto y es lo que ha provocado la indignación.
Son sucesivas investigaciones en distintos ámbitos, que han mostrado
altos niveles de corrupción, a nivel empresarial podemos hablar de las
colusiones, los supermercados, las empresas de pollos, las farmacias,
etc., en el ámbito empresarial también, en el caso Penta, Corpesca, en
el caso de las acciones el caso Cascada; en el ámbito del fútbol la
ANFP; en el ámbito de la iglesia, la corrupción que toma la fórmula de
los abusos sexuales y desgraciadamente esto que tiene como virtud de
demostrar que las cosas por lo menos se investigan y que es una avance,
la desgracia que ha tenido es que la verdad no ha ido acompañada de
niveles necesarios de justicia, es decir no habido castigo y eso yo creo
que ha sido muy lamentable porque ha generado una insatisfacción con
los sistemas de justicia, con el sistema político, etc. y mucha
desconfianza institucional y creo que ha sido uno de los grandes motores
que provocaron el estallido social”
– ¿Usted ha sentido temor por su vida, tras involucrarse fuertemente en este tipo de casos?
“No
para nada, en eso el país sigue teniendo diferencias con nuestros
vecinos, como en Argentina, o a veces han habido situaciones complejas
en Colombia, en México hay muchos fiscales o jueces que han sido
asesinados por investigaciones sobre todo asociadas al narcotráfico y yo
diría que en Chile en eso seguimos teniendo una distancia muy
relevante. Yo fui fiscal durante 17 años, y los últimos siete u ocho
años los dediqué al combate de la corrupción y nunca recibí una amenaza
relevante, por lo tanto, nunca tuve protección especial o tuve que cambiar mi rutina. El único suceso extraño fue que
explotó una bomba de ruido en la esquina de mi casa que podía haberse
considerado un hecho extraordinario, pero nunca le di mayor importancia y mi vida nunca cambió siendo fiscal”.