Hasta ahora el Tribunal
Oral en lo Penal de Punta Arenas tiene agendados dos juicios para casos
del estallido social. Se trata de un acusado por presuntamente lanzar
una bomba Molotov a Carabineros. Dos meses después será el turno de dos
jóvenes que habrían lanzado piedras y participado en los saqueos de una
farmacia Salcobrand.
Artefactos incendiarios en su mochila
Para septiembre está agendado el juicio en contra de Maximiliano
Oyarzún Zamorano, quien está acusado por la Fiscalía de arrojar una
bomba Molotov contra un dispositivo lanzaaguas de Carabineros.
El
joven fue detenido el 6 de marzo de 2020. Durante ese día, los
manifestantes marcharon en el centro de Punta Arenas hasta entrada la
noche, cuando la protesta habría devenido en algunos hechos de
violencia.
Según
la acusación de la Fiscalía, a las 23:20 horas el “guanaco” de
Carabineros circuló por la esquina de las calles Bories con Mejicana
para replegar la marcha. Los manifestantes atacaron al dispositivo con
piedras, palos y rayados de pintura. En ese momento, habría aparecido
Oyarzún Zamorano; vestido de negro y con una mochila del mismo color, se
distinguía por un casco blanco que portaba.
Presuntamente,
en sus manos tenía una bomba artesanal Molotov, la que arrojó al
dispositivo lanzaaguas de Carabineros. El artefacto golpeó el costado
derecho del vehículo y el fuego se desplegó.
El
sujeto se dio a la fuga por calle Bories, pero fue alcanzado y
detenido. Entre sus vestimentas habrían encontrado un cuchillo con una
hoja de cinco centímetros. En su mochila, se halló una botella de 20 ml
de cloruro de sodio, líquido inflamante y un guante de cuero “que se
utiliza para lanzar el dispositivo incendiario, previniendo las
quemaduras por derrame de su contenido”, según la acusación fiscal.
Para
probar estos hechos, la Fiscalía sentará en el estrado a cinco
carabineros que participaron del procedimiento. También darán su
testimonio dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y
tres peritos del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros.
El
Ministerio Público solicita una pena de casi seis años de cárcel para
el imputado: tres años por infracción a la Ley sobre Control de Armas,
541 días por desórdenes públicos y 540 días por porte de arma blanca sin
autorización.
El imputado espera su juicio con arresto domiciliario nocturno.
Saqueos y piedrazos
El otro
juicio que ya está agendado en el tribunal oral es el de Augusto
Coñuecar Cuyul y Matías Beltrán Muñoz, quienes tendrán que esperar dos
años para ser enjuiciados.
Ambos
fueron detenidos el 12 de noviembre del 2019. Ese día, las AFP Hábitat y
Modelo ardían y los locales comerciales de Bories eran saqueados, al
igual que la zapatería Bata y el supermercado Unimarc del centro.
Alrededor
de las 23:00 horas, una patrulla de Carabineros circulaba por la calle
Bulnes cuando recibió piedrazos y otros objetos contundentes. Los
funcionarios salieron en persecución de dos sospechosos que huyeron por calle Capitán Guillermos, dándoles alcance.
Los
detenidos fueron fiscalizados y se les encontró artículos de higiene
personal en sus mochilas. Presuntamente, su origen provenía de un saqueo
a la farmacia Salcobrand ocurrido 40 minutos antes de la aprehensión.
En
este juicio, el Ministerio Público va a solicitar siete años y medio de
cárcel para cada imputado: tres años por el delito de receptación y
tres penas de 540 días por desórdenes públicos, atentado contra la
autoridad y atentado contra vehículo en circulación.
Durante
el juicio, comparecerán 10 carabineros y un trabajador de la farmacia.
Se exhibirá fotografías de las especies presuntamente sustraídas y de la
farmacia saqueada, además de 32 imágenes de cámaras de seguridad.