Cerrada
la investigación, la Fiscalía presentó su acusación en contra de los
involucrados en la “Operación Buenaventura”, un procedimiento de la PDI
que concluyó con la incautación de droga avaluada en 60 millones de
pesos.
Se
trata de 13 imputados acusados por infringir la Ley de Drogas. El
Ministerio Público invoca la agravante de cometer el delito “formando
parte de una agrupación o reunión de delincuentes” y solicita que 11 de
sus miembros purguen ocho años de cárcel.
Marihuana, cocaína y éxtasis
De
acuerdo con el libelo, la banda está liderada por los convivientes Yhon
Gutiérrez Pandale y Leydi Franco Guerrero. Ambos coordinaron el ingreso
de marihuana, cocaína y éxtasis a Magallanes en coordinación con
proveedores del norte del país.
Según la acusación, la pareja ocupaba al resto de los imputados para distribuir la sustancia a los consumidores de Punta Arenas.
“La
comercialización de la droga ilícita se realizaba previa coordinación
de los imputados con distintos consumidores, mediante contactos
telefónicos y de mensajería de texto u otras aplicaciones”, precisa el
Ministerio Público.
A
través de escuchas telefónicas, la Brigada Antinarcóticos de la PDI
descubrió que la droga se acopiaba en casas de seguridad. El 8 de
octubre los detectives allanaron ocho domicilios en distintos puntos de
la ciudad y arrestaron a 11 miembros de la banda.
Ese
procedimiento concluyó con la incautación de casi 2,5 kilos de cocaína,
906 gramos de marihuana tipo “krippy” y 52 comprimidos de éxtasis.
También descubrieron balanzas digitales, una prensa artesanal con gatas hidráulicas y bolsas dosificadoras.
En
los días posteriores fueron cayendo otros integrantes de la “Operación
Buenaventura”. Actualmente, 10 imputados cumplen prisión preventiva en
el Complejo Penitenciario de Punta Arenas.
La prueba
Si
el caso llega a juicio oral, la Fiscalía podría llamar a declarar a 32
testigos. La mayoría corresponde a funcionarios de la PDI, pero el
listado también incluye a vecinos de Villa Las Etnias y el Barrio 18,
donde ocurrieron algunos decomisos.
El
Ministerio Público también cuenta con protocolos de análisis químicos,
comprobantes de depósitos y los contenedores con las escuchas
telefónicas, entre otros medios de prueba.
11
imputados arriesgan ocho años de cárcel y el pago de 5.800.000 pesos
por su eventual participación en un delito de tráfico de drogas. Una
mujer que está acusada como cómplice puede ser condenada hasta con tres
años de presidio, mientras que otra integrante enfrenta cargos por
microtráfico y arriesga 818 días de prisión.
La audiencia de preparación de juicio se realizará el próximo 20 de julio y los encausados ya están notificados.