Desde
el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, Cristopher Aguilar Becerra
se conectó al tribunal por vía telemática. En su audiencia se discutiría
el sobreseimiento definitivo de la causa en su contra.
El
imputado cumple con prisión preventiva desde el 16 de noviembre del año
pasado. El día anterior, el GOPE llegó a su casa por la investigación
de un homicidio frustrado. Cuando estaban en el living-comedor,
encontraron un lanzacohetes que descansaba entre una silla y una repisa.
El
arma modelo ARMBRUST es de uso bélico. Puede perforar hasta medio metro
del blindaje de un tanque y acabar con toda una tripulación. Se utilizó
en la Guerra Fría y durante el conflicto de los Balcanes en los 70.
Según el propio imputado, la compró en una feria de las pulgas a 30 mil
pesos.
Detenido
y enviado a prisión preventiva, Aguilar Becerra está acusado de
infringir la Ley de Armas. El Ministerio Público solicita que se le
condene a 4 años de cárcel.
El
viernes pasado, su defensa solicitó sobreseer la causa y dejar al
imputado en libertad. Argumentaron que la posesión del lanzacohetes no
revestía de peligro, pues no tenía su granada de carga.
“Se
trata de un elemento que por sí mismo es inútil. Técnicamente hablando,
no cuenta con lo necesario para producir una afectación al control del
Estado sobre las armas de uso bélico”, argumentó el defensor.
Con
los códigos legales en la mano, el fiscal Sebastián González se opuso
al fin de la causa. “Las partes o piezas también son sujetas al control
de la ley respectiva”, dijo.
La
última palabra la tuvo el juez Cristián Armijo. Tras escuchar a las dos
partes, se inclinó por la posición del Ministerio Público y negar el sobreseimiento definitivo. Además, rechazó variar la medida cautelar de prisión preventiva.