Desde
el 18 de noviembre de 2019 que se encuentra tras las rejas el ciudadano
de nacionalidad dominicana Antonio María Castaños Blanco, luego de
haber sido investigado durante meses por la Brigada Antinarcóticos y
contra el Crimen Organizado (Brianco) de la Policía de Investigaciones
(PDI) de Punta Arenas por delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal
de armas de fuego y municiones.
Próximo
a su juicio, se dieron a conocer los principales antecedentes que están
plasmados en la acusación, y las altas penas que está solicitando
aplicar el Ministerio Público en este caso. En dicho documento se
precisa que el imputado reside en Magallanes desde hace cuatro años y se
desempeñaba como barbero hasta antes de su aprehensión, logrando
determinar que él estaría involucrado en el traslado, internación y
comercialización de clorhidrato de cocaína en la región.
En
este aspecto, se acusa que el sujeto se trasladaba a Santiago para
ingresar la droga al territorio más austral, lo que se evidenció el 17
de noviembre de 2019, cuando el dominicano arribó a Punta Arenas en un
vuelo comercial, coordinando la sustancia ilícita con un tercer sujeto.
También
se estableció que el imputado mantenía dos domicilios en la capital
regional, siendo el 18 de noviembre que los efectivos policiales con una
orden judicial, allanaron los dos inmuebles, logrando su captura en una
vivienda de calle Chiloé, pero previamente habría sido sorprendido
arrojando una bolsa por una ventana, la cual contenía clorhidrato de
cocaína, misma sustancia que fue hallada en otros recipientes al
interior del domicilio. También le fue incautado cerca de medio millón
de pesos de dinero en efectivo, computadores, celulares, un televisor,
un drone, cámaras fotográficas, cámaras de televigilancia con un
monitor, además de un automóvil marca BMW.
Posteriormente,
los detectives concurrieron hasta la otra casa emplazada en calle Sara
Braun, donde el acusado mantenía una caja con 12 bolsas, en cuyo
interior también existía presencia de la misma droga, y bajo una cama se
encontró dinero en efectivo, máquinas dosificadoras, una balanza
digital, utensilios con residuos de un polvo blanco.
El
total de la sustancia incautada alcanzó los 181,1 gramos de clorhidrato
de cocaína, la que estaba dividida en 256 dosis y que fue avaluada en
el comercio ilícito en más de 5 millones de pesos.
Asimismo,
en la revisión de uno de los domicilios se halló munición de los
calibres 22 y 9 milímetros, tres armas de fuego (2 revólver y 1
pistola), una pistola de aire comprimido, dinero en efectivo, especies
que fueron avaluadas en 11 millones de pesos.
En
este aspecto, el fiscal Manuel Soto solicitó la imposición de 10 años
de cárcel efectiva por el delito de tráfico ilícito de drogas; otros 5
años por el porte y tenencia de armas de fuego, y finalmente una pena de
3 años por tenencia ilegal de municiones, más una multa que alcanza las
200 Unidades Tributarias Mensuales.