Hasta
la Corte de Apelaciones de Punta Arenas recurrió la fiscal Wendoline
Acuña para solicitar la anulación del juicio en contra de Santiago
Garcés González y Daniela Miranda Vargas. Ambos fueron absueltos el 25
de julio de infringir la Ley de Mataderos Clandestinos.
La
persecutora los acusó de transportar 18,6 kilos de cordero, lo que
sería un delito por “intervenir de cualquier forma en el transporte,
comercio o expendio de carne proveniente de beneficio clandestino”.
Los
acusados se presentaron al juicio arriesgando 800 días de cárcel, pero
el tribunal oral los absolvió. Según el veredicto, no se podía acreditar
que Garcés y Miranda tenían conocimiento acerca del origen de la carne o
de la existencia del establecimiento clandestino donde se faenó la
carne.