Esta
semana, la fiscalía consideró que existían antecedentes suficientes
para formalizar a Cristián Barrientos Urra, quien habría efectuado
contratos fraudulentos con al menos 2 personas.
El
imputado habría realizado promesas de compra y venta para un proyecto
habitacional que no tenía los permisos requeridos para su construcción.
Según las querellas, los montos defraudados ascenderían a 72 millones de
pesos.
Un proyecto sin permisos
Motivados
por la publicidad del proyecto habitacional “Altos de la Pradera”, las
víctimas habrían acudido al imputado para celebrar un contrato de compra y venta. Las casas serían construidas en un terreno de prolongación Mardones y prometían áreas verdes y espacios modernos.
La
víctima T. A. L. B. se entusiasmó con el proyecto. En mayo del 2018,
pagó al contado casi 9 millones de pesos al momento de la celebración
del contrato. El precio de compra y venta de su inmueble era de 3.450
UF.
La
vivienda de la víctima tenía que ser entregada en un plazo máximo de 2
años. Sin embargo, cuando acudió al terreno las faenas aún no
comenzaban. En octubre del 2018, se enteró que el sitio estaba inundado y
que era imposible realizar el relleno.
Según la querella, la víctima acudió a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Punta Arenas para
consultar sobre el proyecto “Altos de la Pradera”. Ahí, el municipio le
dijo que no tenían conocimiento de construcciones en el terreno de
prolongación Mardones.
Durante
la formalización, el fiscal Oliver Rammsy señaló que, a pesar de las
promesas de contrato celebradas por el imputado, el terreno del proyecto
no tenía los permisos requeridos.
“El
proyecto no contaba con permiso alguno de la Dirección de Obras para
ser desarrollado, situación que fue ocultada por el imputado con la
finalidad de engañar a la víctima”, dijo el persecutor.
Casi dos meses después de la celebración de ese contrato, el imputado habría vuelto a estafar a otra víctima.
El sujeto de iniciales J. G. S. denunció celebrar un contrato de
promesa de compra venta de 111 millones de pesos. Para ello, habría
pagado 63 millones al imputado por una vivienda que sería entregada en
marzo del 2020.
Como el proyecto “Altos de la Pradera” no tenía los permisos municipales, la casa jamás fue entregada.
Las
víctimas son representadas por la abogada Mónica Aguilar, quien no
descarta que habrían más personas engañadas con promesas de compra y
venta por parte del imputado.
Solo arraigo regional
Por
estos hechos, el Ministerio Público formalizó a Barrientos Urra por el
delito de estafa. Como medida cautelar, solicitó que quedase con arraigo
nacional y firma mensual ante Carabineros de Chile.
El
abogado defensor, Carlos Contreras, no se opuso a que el imputado se le
prohibiese salir del país. Sin embargo, consideró que la firma mensual
“era un tanto excesiva”.
“Las
épocas son variantes en cuanto a si hay o no cuarentena. Por otro lado,
mi representado cada vez que ha sido requerido se ha presentado”,
señaló el abogado Contreras.
El juez de garantía, Cristián Armijo, decidió acoger los argumentos de la defensa, por lo que ordenó que el imputado quede solo con firma mensual.