Hace
cinco días que los ministros de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas
revirtieron un fallo del Juzgado de Garantía de la ciudad, ordenando el
ingreso a la cárcel de un imputado que había quedado con una medida
cautelar de menor intensidad, luego de haber infringido por cuarta vez
en este año el toque de queda. Sin embargo, hasta el cierre de esta
edición, aún no se concretaba su aprehensión, manteniéndose prófugo de
la justicia.
Se
trata de David Nicolás Oyarzo Urtubia quien fue detenido junto a una
amiga durante la madrugada del pasado martes 11 del presente mes, cuando
ambos se desplazaban sin salvoconducto y en manifiesto estado de
ebriedad por la intersección de las calles Maipú con Señoret, sector
céntrico de Punta Arenas, portando linternas con las cuales apuntaban
hacia los domicilios.
No
menor es que con ese arresto se contabilizaban cuatro detenciones en lo
que va del año, tras haber sido sorprendido incumpliendo la prohibición
de circular en la vía pública el 3 de abril, el 15 de mayo y el 9 de
junio.
A
la vez, el imputado debía estar cumpliendo con la medida cautelar de
arresto domiciliario nocturno en la ciudad de Temuco, la cual había sido
dictada por el Juzgado de Garantía de dicha ciudad luego de haber sido
formalizado como autor de un robo con intimidación, por lo cual nadie se
explicaba que estuviese en Magallanes.
Al
evidenciar una conducta refractaria y considerar que su libertad
constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, como también que
existía un evidente riesgo de fuga al no tener arraigo ni un domicilio
en Punta Arenas, además de registrar un proceso penal pendiente en otra
región, la fiscal Wendoline Acuña solicitó el encarcelamiento de Oyarzo
Urtubia, a lo cual el juez de Garantía Cristian Armijo no optó, al
estimar que dicha medida era desproporcionada, negándose también a la
solicitud subsidiaria de imponer entonces el arresto domiciliario total,
quedando con la misma cautelar que ya tenía cuando fue formalizado en
la capital regional de La Araucanía.
Debido
a esto, la persecutora interpuso un recurso de apelación ante el máximo
tribunal del territorio austral, resolviendo los ministros impugnar lo
dictado por el Juzgado de Garantía y decretar el ingreso a prisión
preventiva del joven, quien a la fecha aún no ha podido ser ubicado por
las policías, pese a que existe en su contra una orden de detención
vigente.