La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó un recurso de amparo interpuesto por la defensora penal pública María Fernanda Benavides en contra del mayor de Carabineros Alain Valderrama Pauliac por el uso desmedido de la fuerza en la detención de tres ciudadanos –dos de ellos menores de edad_, hecho ocurrido el 20 de octubre durante una jornada de movilización social en Puerto Natales.
En fallo unánime (causa rol 42-2019), la Primera Sala -integrada por los ministros Marcos Kusanovic y Víctor Stenger y el fiscal judicial (I) Pablo Miño-determinó que, según los antecedentes expuestos, “la investigación de los hechos en relación con el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios policiales, se encuentra ya radicada ante el Ministerio Público, cuestionándose en concreto el uso de la fuerza por parte del personal policial, lo que a todas luces escapa del ámbito de aplicación del recurso de amparo (…)”.
La resolución agrega que “lo que se solicita en concreto en la presente acción constitucional dice relación con entregar instrucciones al personal policial en orden a adecuar sus procedimientos a la legislación vigente, lo que excede con respecto a la acción deducida la competencia de esta Corte de Apelaciones, y no puede ser resuelto a través de esta vía sino a través de un procedimiento de lato conocimiento en el cual se investiguen los hechos, respetándose los principios del debido proceso”.
Recurso
La defensora de Puerto Natales, María Fernanda Benavides Henry, interpuso el recurso de amparo en favor de Francisca Villanueva Méndez, y los adolescentes K.D.A. y K.M.M, en contra del mayor de Carabineros, comisario Alain Valderrama Pauliac.
La acción judicial señalaba que el 20 de octubre pasado, la defensora concurrió a dependencias de la Segunda comisaría de Puerto Natales a constatar en terreno el estado y condiciones de las personas detenidas con ocasión de las manifestaciones que comenzaban en el país, verificando la existencia de 10 personas, ocho de ellas por el delito de desórdenes públicos entre los que se encontraban los amparados.
Expresa que las mujeres sólo miraban las protestas frente al cuartel policial, y en esas circunstancias los policías en un momento comenzaron a arrojar bombas lacrimógenas en contra de los manifestantes y a emplear armas con balines de goma, las que provocaron lesiones en las dos amparadas.
Asimismo, indicaba que el adolescente K.M.M, fue detenido por funcionarios policiales a raíz de una denuncia realizada por una mujer que no quiso identificarse por haber arrojado piedras a la comisaría, que producto de esa detención sufrió lesiones visibles en su rostro y espalda, fruto del actuar desmedido del personal policial.
Estos hechos, a su juicio vulneraron el derecho a la libertad personal y la seguridad individual, en atención al uso desmedido de la fuerza por parte del personal policial, afectándose además la normativa de los derechos del niño en el caso de los adolescentes. Con esto solicitó declarar la ilegalidad y arbitrariedad de los procedimientos policiales,