Por
segunda vez, Juan Gutiérrez Ojeda, se conectó a los tribunales para
escuchar que sería investigado por la quema intencional de un vehículo
en la Población Alfredo Lorca. Ayer, sin embargo, lo hizo desde el
Complejo Penitenciario de Punta Arenas.
En
la audiencia, la fiscalía recalificó el delito por que había sido
responsabilizado en un comienzo. Además, se aumentó el plazo de
investigación a 20 días.
Un prófugo de la justicia
Alrededor
de las 20:00 horas del 9 de noviembre pasado, Gutiérrez Ojeda habría
incendiado un vehículo Hyundai rojo con un encendedor. Las llamas –que
comenzaron en el asiento delantero– se tornaron incontrolables y el auto
quedó destruido en su totalidad.
El imputado huyó del lugar, pero fue avistado por un testigo. Tras alertar a carabineros, fue detenido y formalizado el 10 de noviembre.
Aunque
en esa oportunidad la fiscalía solicitó la prisión preventiva, el juez
Franco Reyes rechazó enviarlo a la cárcel. Según el magistrado, no
quedaba claro que existiese un riesgo de propagación del incendio ni la
modalidad de ejecución.
Descontentos con la decisión, el
Ministerio Público recurrió a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas,
que revocó la decisión del juzgado de garantía y ordenó que el imputado fuese enviado a prisión preventiva.
Cuando
el tribunal despachó la orden de detención en contra de Gutiérrez
Ojeda, ya era demasiado tarde. La Policía de Investigaciones (PDI) no
dio con su paradero y fue declarado en estado de rebeldía.
Prófugo
de la justicia, la fiscalía no supo del imputado hasta el 19 de enero,
cuando fue detenido por un caso de violencia intrafamiliar. Tras quedar
en disposición del tribunal, el juez Ricardo Larenas ordenó que fuese enviado al complejo penitenciario de la ciudad.
Fiscalía intentará que declare
Ayer
y por vía telemática, el imputado volvió a verse las caras con la
fiscal encargada de su causa, Rina Blanco; y el juez que lo dejó sin
prisión preventiva en noviembre pasado, Franco Reyes.
Esta
vez, la persecutora Blanco decidió recalificar el delito a incendio en
su grado 2: “se castigará con presidio al que dentro de un poblado
incendiare cualquier edificio o lugar, aún cuando no estuviere destinado
ordinariamente a la habitación”.
Para
justificar la recalificación, la fiscal Blanco dijo que las llamas del
vehículo ocurrieron “en un sector poblado en el que existen cercanas
viviendas, donde pernoctan personas”.
El
Ministerio Público solicitó que se ampliase la investigación a 20 días.
En ese tiempo, las diligencias estarán orientadas en obtener una
declaración del imputado y en realizar un análisis planimétrico del lugar donde habría ocurrido el delito.