La
administradora de cruceros Sociedad Navarino S. A. interpuso un recurso
ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para que un exejecutivo de
la firma, J.R.N, cumpla prisión preventiva.
El
imputado está a la espera de ser enjuiciado por presuntamente haber
desviado montos que alcanzan los 1.400 millones de pesos cuando ejercía
como jefe de contabilidad. Las víctimas de los delitos serían las
navieras Vía Australis y
Geo Australis, cuya administración financiera estaba a cargo de la
Sociedad Navarino. Las operaciones habrían sido perpetradas junto a
E.S.D, quien ejercía como tesorero de la sociedad.
Según
la carpeta investigativa, el exjefe de contabilidad incorporó casi 555
millones de pesos provenientes de las estafas al comercio formal. Compró
propiedades a su madre en la Sexta Región e invirtió casi 273 millones
en los fondos mutuos Santander Asset Managment, entre otras acciones.
Además,
una vez que tuvo conocimiento de la causa en su contra habría celebrado
un contrato de compraventa con el primo de su cónyuge para desprenderse
de una propiedad ubicada cerca del Club Hípico. El precio fue de 60
millones de pesos, muy por debajo del avalúo comercial y fiscal.
A
menos de 20 días del juicio en su contra, un nuevo flanco se abrió en
contra de R.N. El 1 de septiembre, la Fiscalía lo formalizó por lavado
de activos y contrato simulado.
En
esa audiencia, el tribunal dispuso que cumpla con arresto domiciliario
nocturno. Sin embargo, la Sociedad Navarino –que es parte querellante de
la causa– recurrió a la Corte de Apelaciones para que el imputado sea
enviado a la cárcel.
Según el recurso, la prisión preventiva es el único medio para asegurar la comparecencia del imputado
al juicio oral que enfrentará, pues se expone a una condena de 15 años
de cárcel que podría ser cumplida de manera efectiva. Además, argumentan
que se debe considerar el número de delitos imputados y sus procesos
pendientes.
“El acusado tiene motivos suficientes para substraerse del proceso y darse a la fuga, toda vez, que cuenta con una
suma importante de dinero obtenido de las estafas reiteradas a las
víctimas (entidades jurídicas distintas) y arriesga una pena corporal
efectiva”, dice el libelo firmado por el abogado José Rivera.
El recurso ingresó el miércoles a la Corte de Apelaciones y está a la espera de ser acogido a trámite.