La semana pasada el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas se dio
por finalizado un juicio en donde se acusaba a un hombre y dos mujeres
de cometer los delitos de contrabando aduanero, comercio ilícito y
comercio clandestino.
Lo
que finalmente resolvieron los magistrados fue condenar a Reynaldo
Antonio Cortez Torrejón, por dos delitos de contrabando aduanero,
mientras que por los otros dos ilícitos, el hombre fue absuelto. Las
mujeres, por su parte, fueron absueltas de todas las acusaciones.
Ayer se realizó la lectura de sentencia, mediante audiencia telemática.
La magistrada informó que
Reynaldo Antonio Cortez Torrejón deberá cumplir dos penas de 61 días de
presidio menor en grado mínimo, es decir 122 días de libertad
restringida. Cabe explicar que la condena es por dos delitos de
contrabando aduanero, uno por ingresar un automóvil marca Jeep modelo
Wrangler patente argentina por un paso no habilitado, al igual que 8.490
cajetillas de cigarrillos.
Debido
a que el sujeto cumple con las condiciones para una remisión
condicional de la pena, deberá simplemente presentarse mensualmente al
Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Punta Arenas por el plazo
de un año.
Pese
a lo anterior, el hombre deberá pagar una multa de 79 UTM (casi cinco
millones de pesos chilenos), lo cual podrá hacer en 12 cuotas.
Los hechos
La
acusación indicaba que el 19 de abril de 2018 en horas de la tarde,
personal de Carabineros sorprendió a Reynaldo Antonio Cortez Torrejón
conduciendo el vehículo de su propiedad marca Jeep,
patente argentina, transportando una gran cantidad de cigarrillos, los
cuales tras la fiscalización, se supo que eran de procedencia extranjera
con la intención de venderlos y que fueron traídos desde la República
Argentina e ingresadas a territorio chileno por un paso no habilitado,
es decir, sin presentarlos ante la Aduana y por tanto, sin cumplir con
las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los
impuestos que gravan su legal internación al país, evidenciando con ello
que fueron introducidas a territorio nacional con defraudación de la
Hacienda Pública.
De
igual modo, la acusación indicaba que “el vehículo recientemente
señalado registra como último movimiento ante el Servicio Nacional de
Aduanas su salida del territorio nacional el 15.09.2015 por el Paso
Fronterizo San Sebastián, por lo tanto, aquel ha sido introducido
ilegalmente al país, constituyendo una mercancía cuya importación se
encuentra prohibida”.
“La
mercancía (…) incautada por personal policial, consiste en 8.490
cajetillas de cigarrillos equivalentes a 169.800 cigarrillos de diversas
marcas y variedades, cuyo valor aduanero asciende a $14.723.939, y
respecto del vehículo el valor aduanero corresponde a la suma de
$14.253.761.
De
esta forma y a raíz de lo anterior, los acusados eludieron impuestos,
derechos y gravámenes respectivos en la suma de $21.724.999”, dice la
acusación.