Un
nuevo cargo por estafa sumó Juan Soto Mancilla, quien habría defraudado
a al menos cuatro magallánicos por más de 260 millones de pesos. Ayer
lo formalizaron por estafar a otra víctima en casi 86 millones y se
discutió su envío a la cárcel, pero el tribunal le impuso el arraigo
nacional.
Los
hechos de esta arista se habrían iniciado el 29 de marzo de 2019. El
imputado se presentó como un contador y le ofreció un negocio al
afectado: financiar el abastecimiento de insumos médicos a los
hospitales de Punta Arenas y Puerto Montt. A cambio recibiría el 27% de
las utilidades.
“El
imputado daba seguridades dado su manejo y conocimiento del negocio,
pues se presentaba como proveedor habitual de insumos de los recintos
hospitalarios”, explicó el fiscal Manuel Soto Basauren.
Seducido
por la oferta, la víctima le entregó 4,5 millones iniciales. Durante el
año entregó más dinero y en febrero del 2020 debía recibir lo
invertido, pero jamás le pagaron.
El
imputado le habría respondido con evasivas y respuestas vagas, como
supuestas negociaciones con funcionarios médicos. Ambos concurrieron a
una notaría para que se acreditase la deuda y fijaron el pago para
agosto del 2020, pero nuevamente la víctima fue engañada.
En
la formalización de ayer el Ministerio Público precisó que el monto
defraudado por Soto Mancilla asciende a 85.983.000 pesos.
El
representante de las víctimas, Ramón Ibáñez, abogó por la prisión
preventiva. Argumentó que el imputado está a la espera de un juicio oral
por defraudar a otras tres víctimas a través de un mecanismo idéntico.
“Se
hacía pasar por un proveedor de Mercado Público, les hacía negocios a
las víctimas en calidad de contador y obtuvo cifras que superan los 200
millones de pesos, estafando incluso a una familia que perdió su hogar”,
dijo el abogado Ibáñez.
Sin
embargo, el Juzgado de Garantía acogió la solicitud del Ministerio
Público e impuso el arraigo nacional. “Se trata de un delito de carácter
patrimonial. Si bien la medida cautelar puede ser justificada en
ocasiones, en este caso no es suficientemente intensa como para
considerar que la prisión preventiva es indispensable”, dijo el juez
Cristián Armijo.
Por acuerdo de las partes, el plazo de la investigación se fijó en 90 días.