Dos
terapeutas ocupacionales del Departamento de Salud Mental demandaron al
Servicio de Salud de Magallanes por 48 millones de pesos. Acusan ser
víctimas del acoso laboral que habrían sufrido por parte de su
superiora.
Los
hechos habrían ocurrido en la unidad supervisora de los hogares
protegidos, que son los inmuebles donde los pacientes siquiátricos
reciben atención médica. Desde el 2019, la jefa del área habría exigido a
los terapeutas que realizasen labores correspondientes a las
enfermeras, como el envío de reportes con los signos vitales de los
residentes o preparar medicamentos.
Según
los denunciantes, la demandada le habría solicitado a una enfermera que
enviase los reportes directamente a ella porque “tenía dudas de que los
informes eran de nuestra autoría”. Además, habría coordinado visitas de
funcionarios de menor jerarquía “a nuestras espaldas, de manera
furtiva” para comprobar si realizaban sus funciones.
La
demanda cita una serie de comentarios que habría hecho la jefa con
otras funcionarias en contra de las víctimas. “Estoy chata de gente tan
mediocre en el hospital de día, es un insulto los flojos…”, dice uno de
ellos. “Hay profesionales que estudian terapia ocupacional porque es lo
que les alcanzó en la PSU”, señala otro.
En abril del 2020, a uno de los terapeutas le quitaron la supervisión de un programa de hogares
protegidos. Según la acción, su jefa justificó la decisión “por un
asunto de probidad”, aunque no se realizó una investigación que
fundamentase la acusación.
La Dirección del Servicio ha abierto un sumario administrativo en contra de la funcionaria.
Sin embargo, los denunciantes –que se encuentran con licencia médica–
acusan haber sido redestinados a otra área. “Somos nosotros los
afectados”, lamentan.
Los
terapeutas exigen el pago de una indemnización equivalente a 11 meses
su remuneración. En total, la cifra asciende a casi 38 millones de
pesos. Además, cada uno pide cinco millones por daño moral ocasionado.