El acceso a la vivienda en Chile atraviesa uno de sus momentos más críticos de las últimas décadas. En un escenario macroeconómico asfixiante, caracterizado por el alza histórica en los precios de los inmuebles, la drástica caída en la capacidad de ahorro de la clase media y las severas restricciones de la banca para otorgar créditos hipotecarios, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) decidió mover las fichas y presentar un salvavidas financiero que busca devolver la viabilidad al sueño de la casa propia.
La ambiciosa iniciativa, estructurada por la Comisión de Alternativas de Financiamiento del gremio, propone masificar e institucionalizar a escala nacional el modelo de “Arriendo con Opción de Compra” (AOC). Si bien este mecanismo hoy se aplica de forma aislada y limitada por algunas inmobiliarias, la CChC busca transformarlo en una política de Estado que involucre de forma masiva a la banca privada, los fondos de inversión públicos y las compañías de seguros de vida.
La propuesta fue formalizada durante una cumbre técnica que reunió a la directiva de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), mutuarias y firmas de rentas vitalicias. En la cita, los constructores expusieron los resultados del informe sectorial titulado “Del Arriendo a la Propiedad: Nuevas oportunidades para Compradores e Inversionistas Institucionales”, el cual detalla la urgencia de reestructurar los contratos habitacionales en este 2026.
El diagnóstico de la industria es claro: el principal cuello de botella no es que las familias no tengan capacidad para pagar una mensualidad, sino la imposibilidad material de reunir el dinero en efectivo que exigen los bancos antes de firmar cualquier escritura.
El presidente de la Comisión de Alternativas de Financiamiento de la CChC, Claudio Nitsche, describió con precisión matemática la realidad que entrampa a los compradores:
“El drama actual es que cientos de personas entran a las salas de venta entusiasmadas, con un ahorro real del 5% del valor de la propiedad, pero se topan con una muralla: no pueden firmar una promesa porque el sistema financiero les exige de entrada reunir el 20% del pie. Nuestra propuesta ataca directamente esa brecha, permitiendo que las familias se muden de inmediato bajo un régimen de arriendo donde un porcentaje sustancial de ese pago mensual se compute directamente como abono para completar el pie remanente”, explicó el ejecutivo.
El vicepresidente de la CChC, Orlando Sillano, complementó que el actual contexto habitacional exige audacia regulatoria: "Este es el momento de explorar conjuntamente mecanismos innovadores y revisar esquemas tradicionales. Es la única vía para destrabar el acceso habitacional y, al mismo tiempo, reactivar el alicaído dinamismo del sector mediante el impulso de nuevos proyectos de edificación", sostuvo.
La masificación del modelo AOC despierta un interés prioritario en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. En la zona austral, el acceso a la vivienda se ha vuelto un problema crónico y severo debido a factores geográficos y económicos específicos:
Costos de construcción disparados: El valor de los fletes marítimos y terrestres para ingresar materiales a la región eleva el valor final del metro cuadrado en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.
Oferta congelada: La escasez de terrenos con factibilidad sanitaria limita la construcción de nuevos condominios privados y viviendas sociales.
La trampa del alquiler: Al no calificar para un crédito, las familias magallánicas se ven obligadas a destinar entre el 40% y el 50% de sus ingresos líquidos al pago de arriendos informales encarecidos, lo que les imposibilita de forma absoluta generar capacidad de ahorro para el pie exigido por los bancos.
Tras la entrega formal del documento técnico, el proyecto entra en su etapa de viabilidad operativa. Las mesas técnicas de la CChC iniciarán un cronograma de reuniones bilaterales con los comités de riesgo de la banca y las aseguradoras para afinar las tasas de interés y los plazos de los contratos AOC.
Desde la directiva de la ABIF valoraron la propuesta de forma positiva, reconociendo que existen espacios técnicos para flexibilizar y ampliar el acceso a la vivienda, siempre y cuando las nuevas coberturas cuenten con seguros de desempleo o garantías estatales adicionales que impidan comprometer la estabilidad y la liquidez del sistema financiero nacional.