La Contraloría General de la República solicitó formalmente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) la presentación de una querella criminal con el propósito de identificar, perseguir y sancionar a los responsables de la filtración de un documento reservado. La drástica acción legal apunta a esclarecer cómo se divulgó el preinforme vinculado al denominado “caso niños haitianos”, texto que a mediados de junio desató una profunda crisis política y administrativa en los estamentos del Gobierno.

Según los antecedentes del requerimiento ingresado el pasado viernes, la petición invoca la facultad de “defensa fiscal” para perseguir penalmente el delito de revelación de secreto. A través de este mecanismo institucional, la propia contralora general busca hacerse parte activa de la causa y quedar habilitada para solicitar diligencias investigativas directas al Ministerio Público, una vez que los tribunales de justicia admitan a trámite el libelo acusatorio.

El documento original había sido despachado durante los primeros días de abril con destino a la Policía de Investigaciones (PDI), al Servicio Nacional de Migraciones y a la Subsecretaría de la Niñez. Los archivos se enviaron bajo un estricto protocolo de seguridad institucional que incluyó el uso de un anexo digital cifrado y claves de acceso distribuidas exclusivamente en sobres de seguridad sellados, lo que restringe el círculo de sospechosos a las reparticiones receptoras.

Crisis en La Moneda y aclaración de la PDI

La filtración del borrador a mediados de junio generó alarma en el Palacio de La Moneda, luego de que trascendiera de forma preliminar que 64 menores de edad de nacionalidad haitiana se encontraban en condición de "inubicables" dentro del territorio nacional. Ante la gravedad del escenario, el Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por el eventual delito de tráfico de migrantes, apuntando a la trazabilidad de una serie de vuelos chárter procedentes del país caribeño que arribaron a Chile entre enero y octubre de 2025.

Pese al revuelo político y las alertas de vulneración infantil levantadas por el Ejecutivo, la PDI implementó un rápido despliegue de búsqueda que permitió ubicar a la totalidad de los menores de edad involucrados, confirmando que todos se encontraban en buenas condiciones de salud y junto a adultos responsables. Posteriormente, el 24 de junio, la Contraloría emitió su informe final definitivo, pieza donde ratificó la existencia de desórdenes y graves irregularidades administrativas en las instituciones encargadas de la visación y control de los permisos migratorios.

Contexto de tensión en el organismo fiscalizador

Esta ofensiva judicial por parte del órgano contralor se registra en medio de un escenario de alta tensión interna y exposición pública para la jefatura del servicio. Los registros públicos de la entidad dan cuenta de una serie de cuestionamientos hacia un dictamen reciente emitido por la contralora general, Dorothy Pérez.

Dicha resolución administrativa había determinado previamente que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones legales al solicitar un informe interno que, a la postre, terminó detonando la salida forzada de una alta funcionaria de las filas policiales, abriendo un flanco de debate sobre los límites de las facultades de las autoridades de la cartera de orden público.