En el complejo tablero económico de Magallanes, donde la Zona Franca representa tanto un enclave de abastecimiento vital como un motor de desarrollo bajo el rigor austral, la articulación de su futuro contractual ha desatado una pugna política e institucional de proporciones. Frente a los duros cuestionamientos emanados desde el sector comercial y fiscalizador, tanto el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena como la Secretaría Regional Ministerial de Hacienda salieron al paso para blindar la legitimidad de la mesa técnica convocada para proyectar el recinto franco, insistiendo en que se trata de un espacio meramente consultivo y no resolutivo.
La polémica cobró fuerza tras los reparos manifestados por la presidenta de la Cámara Franca, Vania García, quien cuestionó abiertamente los criterios adoptados para conformar el espacio de diálogo y fustigó la inclusión directa de la actual concesionaria, la sociedad Rentas Inmobiliarias, en las conversaciones previas a la futura licitación coordinada entre el nivel central y el gobierno regional.
La defensa de la institucionalidad
Ante este escenario de críticas cruzadas, el seremi de Hacienda de Magallanes, Manuel José Correa, explicó los alcances de la convocatoria, precisando que el trabajo se estructuró a través de un ciclo de sesiones destinado exclusivamente a recoger propuestas e ideas de los diversos sectores de la zona.
“Esta propuesta es de manera consultiva. Por lo tanto, lo que se ha hecho es un llamado bastante amplio a todos los actores, a todo el ecosistema productivo de la región, no solamente los que están directamente implicados en la Zona Franca, y creo que todas las opiniones y colaboraciones son bienvenidas y suman”, argumentó el representante ministerial en la zona austral.
En esa misma línea, Correa enfatizó que la instancia persigue delinear una visión estratégica de desarrollo para el enclave, distanciándola de los aspectos técnicos y legales que regirán la licitación: “No es una definición de bases, por eso dije que es consultivo”, puntualizó la autoridad de Hacienda.
A los descargos se sumó el gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, quien apeló a la mesura del debate y formuló un enérgico llamado a la cordura ciudadana para evitar “ridiculizar la gestión pública”.
“Esta es una mesa consultiva y que, en última instancia, el Ministerio de Hacienda es el que va a llevar adelante una licitación que esperamos incorpore aquellas mejoras que, para los próximos 30, 25 o 20 años —como decía el Ministerio de Hacienda—, se quieran para la Zona Franca acá en la región”, subrayó la máxima autoridad regional, buscando despejar suspicacias sobre una eventual injerencia indebida en el proceso formal.
Los reparos sobre probidad y competencia
Pese a los intentos del oficialismo por aplacar la controversia, las repercusiones políticas continúan escalando en Punta Arenas. El concejal de la comuna, Germán Flores, se plegó a los cuestionamientos gremiales e impugnó la presencia de Rentas Inmobiliarias en las sesiones de trabajo, subrayando la necesidad imperativa de salvaguardar el interés público regional por sobre los intereses corporativos de la empresa que hoy explota el recinto.
“No se puede ser juez y parte, es una cuestión básica de transparencia, imparcialidad y sentido común”, advirtió de entrada el edil puntarenense.
Flores enfatizó que la participación de la firma en la antesala del proceso genera una asimetría inaceptable frente a otros potenciales oferentes: “Una empresa que tiene intereses económicos directos en la futura licitación no puede participar en igualdad de condiciones en la elaboración de las reglas que determinarán ese proceso. Su presencia genera cuestionamientos legítimos y pone en riesgo la confianza que debe existir en una instancia de esta importancia”, sentenció.
Con las posiciones polarizadas, la definición del nuevo marco contractual de la Zona Franca abre una compleja disyuntiva en el extremo sur: conciliar las visiones de un ecosistema productivo que exige transparencia total frente a un proceso licitatorio que comprometerá el destino comercial y tributario del territorio austral por las próximas décadas.