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Esta información se dio a conocer tras el resultado de
una auditoría interna, que arrojó que se esfumaron más de 270 millones de pesos
de la facultad a través de contratos por servicios que no se habrían prestado.
El caso recayó en la fiscal de Alta Complejidad Centro
Norte, Macarena Cañas, quien formalizó a 10 personas a mediados de este año.
Entre los imputados se encuentra Manuel Olivares Vivanco, quien entre el 1 de
agosto de 2011 y el 7 de agosto de 2012 ocupó el cargo de jefe de
administración y finanzas de la fundación.
Olivares declaró el 24 y el 30 de agosto pasado, y
reveló que una parte del dinero habría ido a parar a la campaña senatorial de
Undurraga en 2013.
No es primera vez que el ministro se ve vinculado a un
caso de financiamiento irregular. Hace más de un año se dio a conocer que su
fundación Ciudad Justa prestó servicios al grupo Penta y que el domicilio
consignado coincidía con el de una botillería.
En su declaración, Undurraga asegura no haber tenido ni
tener relación con la citada fundación, y aseguró que “es falso, inverosímil y
calumnioso” el antecedente de que su nombre se empleó para el eventual
financiamiento de su campaña.
“Los hechos ocurrieron en los años 2011 y 2012, y la
campaña en segundo semestre de 2013”, subrayó.
Además, mencionó que las personas involucradas en la
indagatoria “desde hace ya varios años que no tienen relación alguna con mi
persona”.
“Le he solicitado a abogados que evalúen posible
querella por utilización de mi nombre indebidamente y por eventuales delitos de
injuria y calumnia”, añadió, lamentando haber sido involucrado en la polémica.
Previamente Gonzalo Duarte, secretario nacional de la
Democracia Cristiana (partido donde milita Undurraga), expresó su confianza en
el ministro.
“Tengo plena confianza en Alberto Undurraga, en su
idoneidad y en su honestidad. No me cabe duda que va a prestar toda la
colaboración necesaria para aclarar cabalmente esta denuncia […] Las
investigaciones tienen que seguir su curso, al margen de las implicancias
políticas”, añadió.