Para abrir el debate y resolver al respecto, el magistrado citó a
audiencia a Gendarmería de Chile, el Ministerio Público, la Defensoría Penal
Pública, el Servicio Electoral y, Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Así lo señala su resolución, a la que tuvo acceso La Tercera, en que
sostiene: “a raíz de la visita de cárcel de fecha 23 de septiembre de 2016
donde 22 internos de Santiago Uno, sujetos todos a la medida de prisión
preventiva por juzgados de Garantía de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de
Santiago, han solicitado poder ejercer su derecho a votar en las próximas
elecciones de 23 de octubre de 2016”.
El juez Urrutia es el mismo quien
en septiembre de 2013 resolvió que el Servel debía arbitrar las medidas
necesarias para que los presos que mantienen vínculo penal con el Séptimo
Juzgado de Garantía ejerzan sus derechos políticos en las presidenciales y parlamentarias
próximas, con plena oposición del presidente del Consejo de Defensa del Estado
de esa época.