Hace unas semanas, se generó una alta polémica porque el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies se negó a transparentar las asignaciones directas de dineros entregados por el Gobierno Regional. Hay que recordar que durante el año 2009 entró en vigencia la Ley de Transparencia, que constituye un hito en transparentar la función pública e implementación del derecho de acceso a la información pública.
Desde esa fecha, nuestras autoridades están bajo la lupa de cada uno de los ciudadanos. Por eso en las nominaciones o en la elección por sufragio universal de autoridades se debe ser más riguroso y no cometer los errores que ya cometió este Gobierno Regional.
Desde hace 14 años se puede conocer cada movimiento y cuáles son las atribuciones, funciones y hasta los dineros que ganan aquellas personas que trabajan en actividades públicas y es un derecho del ciudadano de a pie, como usted o como yo exigir la transparencia de aquellos dineros.
Hasta hace cinco años existió en Chile una cultura de la transparencia, lo que llevó a que nuestro país se situara dentro de los primeros lugares del mundo (22º) y de América Latina (2º) en índices como el de Percepción de la Corrupción, que realiza Transparencia Internacional.
Pero las críticas hoy apuntan a que hemos retrocedido demasiado tras el estallido social. Este derecho no está consagrado en la Constitución. Chile, ancestralmente tenía una cultura que favorecía más bien la reserva de la información o la información se consideraba más bien de propiedad de quienes la tenían y no de los ciudadanos.
La transparencia siempre es incómoda y, por lo tanto, siempre hay nichos de resistencia al interior del Estado frente a la idea de ampliar la transparencia o difundir masivamente el ejercicio de un derecho que hoy lo tenemos y que debemos saber aprovecharlo.